El sábado 4 de julio se llevó a cabo la primera marcha contra la gentrificación. Con las consignas “fuera gringos, go home”, “Gentrificación no es progreso, es despojo”, colectivos se reunieron en el Foro Lindbergh del Parque México en la Colonia Condesa para visibilizar una problemática creciente. Los manifestantes señalaron que la presencia de extranjeros ha provocado un incremento sostenido en las rentas, el costo de vida y la transformación comercial de las colonias de la capital del país, como Roma Norte y Sur, Del Valle, Santa María la Ribera, San Pedro de los Pinos y Escandón. Bajo este argumento y con esta tendencia, se le dio difusión y seguimiento a la marcha en varios medios de comunicación; destacando el rechazo explícito de la marcha a los extranjeros, incluyendo algunas consignas y comentarios que rozaron en la xenofobia.
Si bien la llegada de extranjeros y nómadas digitales a varias partes de la capital es un rasgo visible de la gentrificación, no es el único motor de la problemática. Hay que considerar que la gentrificación es un problema multifactor, causado no solo por la influencia del capital transnacional, imperialista yanqui, sino intrínsecamente ligada al capitalismo nacional.
Otro factor crucial es la especulación del mercado inmobiliario, que exacerba el precio de la vivienda en la CDMX de forma artificial por el “Cartel inmobiliario” que opera bajo el paraguas de políticos del PAN en el gobierno de varias alcaldías. Las investigaciones, particularmente en la Alcaldía Benito Juárez, han revelado un esquema donde exfuncionarios otorgaban permisos de construcción irregulares. Se ha documentado la construcción de 264 pisos excedentes en al menos 130 inmuebles edificados ilegalmente entre 2008 y 2022 en esa demarcación. Esta actividad ilícita no solo generó grandes ganancias para los involucrados –se habla de una defraudación de más de 7 mil 142 millones de pesos por la construcción de 800 departamentos ilegales solo en Benito Juárez (Capital 21, julio 2023)–, sino que también contribuyó a la especulación y el encarecimiento artificial de la vivienda. Este “Cartel” es un claro ejemplo de cómo la corrupción puede agravar la gentrificación, inflando los precios del suelo y haciendo que la ciudad sea menos accesible para sus habitantes originales.
Actualmente, la 4T continúa consintiendo de forma legal la construcción de grandes desarrollos inmobiliarios de lujo esto contribuye al encarecimiento de la vivienda. Además, la selectividad en las investigaciones del “Cartel Inmobiliario” ha generado dudas sobre si la persecución de la corrupción es integral o si tiene sesgos políticos.
Además, gobiernos “progresistas” de la ciudad, que son otro factor más de la gentrificación, no solo participaron pasivamente por omisión con el “Cartel Inmobiliario”, sino que también activamente cuando el Gobierno de la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en 2022 promocionó e impulsó la llegada de nómadas digitales con la falsa expectativa de generar una derrama económica para la ciudad. Lamentablemente, desde la visión pequeño-burguesa de la socialdemocracia, se tapó un hoyo para abrir dos.
Como ya se dijo, la gentrificación es un producto del capital y combatirla no solo será expulsando extranjeros ricos, sino resolviendo la demanda popular de vivienda, a precios accesibles a los salarios o hacer ocupaciones populares de esos sitios; solo así se podrá avanzar derrotando las posturas reaccionarias. La lucha del proletariado también es por el derecho a la vivienda digna, para todas y todos.
