La actual pandemia por Coronavirus (Covid-19), la contingencia sanitaria, y el confinamiento forzado de millones de trabajadores, se constituyeron en el pretexto perfecto para que los patrones y sus serviles en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, impongan cambios en los procesos laborales. Una de las medidas “necesarias” impuestas por el sistema durante el confinamiento ha sido el llamado: trabajo a distancia, teletrabajo, trabajo en casa o home office.
Con el argumento de reducir el contagio, el gobierno y los patrones enviaron a los trabajadores a re
alizar sus actividades “desde la comodidad de su hogar”, medida que les permitió deslindarse de su responsabilidad de otorgar insumos y herramientas necesarias para desarrollar la actividad requerida. De esta forma, son los trabajadores quienes se hacen cargo de obtener el equipo y el mantenimiento del mismo para trabajar en línea, además de cargar sobre sus espaldas el pago del servicio de internet, programas y aplicaciones diversas, energía eléctrica, etc.
Con esta nueva modalidad laboral el nivel de explotación aumenta, así como el abuso de parte de los patrones y el gobierno, pues no se respeta la jornada de trabajo, ni los horarios del mismo, requiriendo a los trabajadores a deshoras de la noche, incluso en días de descanso.
Lo anterior le permite al patrón ahorrar en los costos de operación al requerir menos personal en sus empresas o instituciones, reduciendo sus gastos por los servicios y ocupando menos espacio físico. Aunque para muchos trabajadores esta modalidad representa ahorro de pasajes y tiempo de traslado, lo cierto es que el pago de insumos que corre por su cuenta para realizar su actividad es mucho mayor, además de la invasión de la actividad laboral a su vida privada y familiar.
Otro aspecto fundamental a observar en esta ilegal modalidad laboral es que no precisa lo relacionado a accidentes considerados riesgos de trabajo, pues, al estar en casa, pudiera no considerarse como tal, dejando desamparados a los trabajadores que llegaran a accidentarse.
Esta situación no es ajena al ámbito educativo ya que está ligada directamente a la denominada “educación a distancia”, eufemismo utilizado por la autoridad educativa para exigir a los docentes la permanente conectividad con sus alumnos y padres de familia. Además, so pretexto de la actualización en medios digitales, se obliga al maestro a tomar cursos, aún después de lo que pudiera ser su jornada de trabajo.
En este contexto, la Cámara de Diputados ha iniciado el proceso para la aprobación de modificaciones a la Ley del Trabajo a fin de legislar las relaciones laborales del teletrabajo. En este proceso se incluye que éste sea voluntario, con un contrato específico, sin desaparecer el derecho a la libre afiliación sindical, vacaciones, licencias por maternidad o paternidad. Se obliga, además, a los patrones a otorgar los insumos necesarios para que el trabajador cumpla con su labor, el pago proporcional de conexión a internet y energía eléctrica, además del derecho del trabajador a una jornada laboral establecida con horario de comida y a la desconexión a fin de no ser monitoreado durante el día.
Lo cierto es que, mientras la reglamentación del teletrabajo no aterrice, e incluso aun cuando se establezca una legislación favorable en el papel, materialmente las condiciones laborales seguirán siendo de mayor explotación para la clase trabajadora, y solo se conseguirán mejoras dependiendo de la organización y lucha de los trabajadores que luchen por ellas.
Como representante del magisterio democrático nacional, la CNTE está obligada a retomar y plantear el tema en la mesa de negociación, a fin de restablecer el respeto a las Condiciones Generales de Trabajo. Por principio, debe pronunciarse en contra de la agudización de la explotación de los trabajadores con esta modalidad y tender lazos de unidad con otros trabajadores para establecer líneas generales de un plan de acción en contra de esta nueva embestida antipopular de la oligarquía y su 4T.