El abandono de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) se ha profundizado con la falta de asignación de presupuesto, ahora bajo la administración de la Secretaría de Cultura que ha mercantilizado al Instituto Nacional de Antropología e Historia como una agencia turística en detrimento de la investigación, la formación académica y los derechos laborales de las y los trabajadores de la ENAH.
Si bien la crisis institucional data de hace aproximadamente dos décadas, lo cierto es que, el poco presupuesto asignado a la ENAH se ha materializado en las deficiencias de infraestructura y operativas de la institución, sumado a la falta de garantías y precarización del trabajo de docentes, asistentes y personal administrativo, profundizando la llaga con el anuncio del despido del personal eventual. Esta situación pone de manifiesto el riesgo de desaparición de la ENAH, ante lo cual el actual Director General del INAH, Diego Prieto ha re
culado, con la recontratación del personal ante la presión de la movilización estudiantil y de las y los trabajadores; no obstante, ha mantenido una cerrazón para establecer una negociación sobre las demandas históricas de la comunidad universitaria, reclamo que vienen sosteniendo desde el 2018.
Debido a la pandemia y bajo la “Austeridad republicana”, la situación financiera de la ENAH se ha puesto en rojo con un recorte presupuestal del 75% que se ha visto reflejado en el recorte de la matrícula, cancelación de viáticos para prácticas de campo, eliminación de un mes de pagos de becas, así como la reducción del tiempo de contratación para las y los trabajadores, pasando de 12 meses a míseros contratos de tres y seis meses.
Bajo este escenario, la política de la 4T de impulsar a la educación se convierte en un cascarón vacío, en la vía de los hechos se encamina hacia la privatización del sector educativo, priorizando el mercado sobre los derechos de la base trabajadora y la oportunidad de continuar estudiando para las y los estudiantes.
La movilización sostenida a principios de este año evidencia el auge de la lucha de clases y también la necesidad de articular la organización del estudiantado de la mano de las y los trabajadores para la defensa de la educación pública en esta lucha por mejor infraestructura, presupuesto y condiciones de trabajo y contratación dignas.