Pasivos laborales dilema del Gobierno de la Ciudad de México

Existe un círculo vicioso en la aplicación de la política laboral que tiene a la administración pública, en un dilema irresoluble producto de una política laboral, de la que sobresale la pretensión de “optimizar los recursos financieros” o por lo menos eso es lo que nos dicen.

El Gobierno de la Ciudad de México busca escatimar (que no ahorrar) los recursos públicos, sin importar que programas, proyectos y políticas se ajusten o no a leyes vigentes, en una palabra, no importa ser ilegales lo que importa es “ahorrar recursos”.

Dentro de esta lógica, está la política laboral implementada que mantiene a miles de trabajadores en uno o varios esquemas irregulares e ilegales, estos esquemas de contratación están hechos con la intención de impedir el derecho al disfrute pleno de la estabilidad en el empleo y al de la universalidad de prestaciones laborales.

Por cada trabajador en esas condiciones el gobierno “ahorra” por cada trabajador en promedio 60  mil pesos al año, dejando de pagar las prestaciones de ley y las cuotas patronales  que está obligado a pagar.

Por otro lado, inercialmente al cambio de administración se adiciona el problema de pagar las cuotas electorales del ejército de activistas que ayudaron en la campaña electoral para que el Partido que gobierna llegara a ese lugar, lo que origina que cientos de trabajadores sean desplazados por nuevos trabajadores que vivirán las mismas condiciones que cercenan sus prestaciones laborales.

Pero por si esto fuera poco, decenas de nuevos funcionarios son colocados en áreas de las que ellos mismos se consideran nuevos “dueños” y se apropian del lugar, de las cosas del lugar y de la gente del lugar, sintiéndose en la supremacía de hacer y deshacer a su libre decisión cualquier cosa, incluso despedir sin justificación a trabajadores, solo porque ellos son los jefes.

Finalmente cuando un trabajador logra ver con claridad esta perniciosa conducta patronal y decide demandar mediante tribunales laborales su derecho a la estabilidad en el trabajo, la aplicación que la ley establece para el goce de prestaciones laborales o incluso por su despido injustificado, después de largos y tortuosos juicios obtiene resoluciones judiciales a su favor, coloca al gobierno en una situación en la que tiene que recurrir al presupuesto que en su lógica buscaba ahorrarse para tener que pagar esos pasivos laborales que los trabajadores ganaron en juicios.

Hoy por hoy, son más de 7 mil laudos laborales que el gobierno está obligado a pagar, dentro de los que incluye pagos por salarios caídos, cuotas patronales y reinstalación. Lo que coloca a la administración en un verdadero dilema. Porque los recursos que se pretendían ahorrar en realidad nunca se guardaron y si se dilapidaron.

Sin embargo, hay que señalar que esos recursos que administran se manosean en esta lógica perniciosa y son recursos públicos, es decir, que es de todos los trabajadores convertidos en contribuyentes, que deberían usarse para mejorar las condiciones laborales de estos, sin embargo, la “Cuarta Transformación” tiene una política que refuerza la esclavitud asalariada, ni pensar que pueda emanciparla.

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