¡Laudo ganado, laudo pagado!

De acuerdo al Decreto de Presupuesto de la Administración Pública, se contempla el laudo como un mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones de la administración para los juicios y conciliaciones en contra de la misma administración pública, el que la Consejería Jurídica otorgue el visto bueno para su puntual cumplimiento.

Este mecanismo le permite a la Consejería actuar con discriminación y, con el supuesto de la disponibilidad, escoger que laudos pueden o no cumplirse, sometiendo a decenas o tal vez a cientos de trabajadores al desamparo de la justicia laboral.

    Cuando un trabajador demanda al Gobierno o a alguna de sus entidades públicas, buscan la protección de la justicia, la cual tarda en encontrarse ya que tanto el tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local están tan saturadas por los conflictos laborales que un juicio pude tardar hasta 8 años en ventilarse.

     Pero la cosa no para ahí pues una vez que el trabajador ha conseguido que los jueces de lo laboral visualicen y resuelvan en su favor, hay que meterse a un laberinto diseñado por la consejería para que el laudo tenga cumplimiento. Es ahí donde entra el “visto bueno”, facultad exclusiva del titular de la consejería.

     Actualmente el Gobierno de la Ciudad tiene pendientes unos 7 mil laudos laborales, de los cuales en el ejercicio que se está cerrando solo se resolvieron unos cuantos, debido al Programa de Austeridad Republicana, que obliga a las entidades del gobierno a ahorrar recursos. Situación que también aprovecha la consejería para negarse al cumplimiento de los ordenamientos judiciales.

     Dejando de cumplir con su obligación, cayendo así en la vía de los hechos en desacato de una orden de los jueces. Sin embargo, por esta razón solo recibe apercibimientos o multas ridículas que desde luego se pagan con dinero público.

Ahora debe impulsarse un amplio movimiento para que el acceso a la justicia sea una realidad y no una quimera, en tal sentido debe buscarse la convocatoria de todos los actores de demandas ganadas contra el gobierno y desarrollar un movimiento para que bajo la demanda de que los laudos ganados deben ser pagados se obligue por la vía judicial a cumplir con sus pagos.

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