Como si la situación de quebranto económico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR), del Gobierno de la Ciudad de México, inscritos en la nómina 5; hubiese sido originado por la mala fortuna y no por administraciones erradas y hasta fraudulentas, hoy el gobierno presenta una serie de medidas que ha decidido de manera unilateral, sin siquiera cuidar la forma legal para que sea el Consejo de Administración quien las presente, el director de esa institución no se cansa de repetir que las medidas son la causa de la gran sensibilidad de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, quien está verdaderamente preocupada por la seguridad social de sus trabajadores.
Sin embargo, debemos de ser claros; el Reglamento de Prestaciones y el manual de operaciones de CAPTRALIR, se han botado a un lado, para imponer las medidas del gobierno, para garantizar algunos de los servicios de esa institución.
Las pensiones de los trabajadores que iniciaron su jubilación en el 2019 apenas reciben el 30% de sus respectivas pensiones y dicen que en los dos siguientes meses se les pagará todo al 100%.
Los adeudos de los familiares de trabajadores fallecidos, en donde se ubican las pensiones y hasta el pago de marcha, desde el 2019, apenas se ha iniciado el proceso para pagarles por lo que aún hay un número importante de familias que no han cobrado nada de esos adeudos.
Los préstamos escolares y de mediano plazo han sido cancelados, sin que tengan previstos cuando habrán de recuperarse.
Es de resaltar la medida que se ha adoptado para la cuestión de los créditos hipotecarios, pues ahora resulta que será BANORTE el que adquiere la hipoteca y el trabajador le tendrá que pagar a ese Banco el total del valor de la hipoteca más los consabidos intereses, además de que los descuentos no serán vía nómina, sino que el trabajador tendrá que acudir personalmente a esa institución bancaria a pagar, lo que de antemano se antoja que los retrasos en los pagos se harán acreedores a más recargos.
Ante esta situación el Colectivo “TRABAJADORES DE SEGUNDA POR DECISIÓN DEL GOBIERNO” el pasado 20 de octubre hizo entrega pública de una petición para que el Gobierno Federal inyecte recursos económicos, provenientes de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) que en su Artículo 47 señala; “Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán:
Apartado III.- Para apoyar el saneamiento de las pensiones y en su caso reformas a los sistemas de pensiones de los estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales.”
Este colectivo, se ha movilizado buscando en todo momento el cumplimiento irrestricto del reglamento de prestaciones y en defensa de la seguridad social.
