El pasado 6 de enero, el colectivo de trabajadores de Nómina 5 del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), organizados como “Trabajadores de Segunda por Decisión del Gobierno” realizaron un bloqueo intermitente en la Ciudad de México, precisamente frente a las instalaciones la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como protesta por la falsa autonomía mostrada por este órgano encargado de vigilar que no se violenten los derechos humanos.
Desde mediados del año pasado, esta organización demando la intervención de la comisión de derechos humanos, en busca de medidas que ante la inminente violación al derecho humano a la seguridad social amparada en la legislación laboral vigente y protegida por un reglamento de prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, (CAPTRALIR).
La razón de esta solicitud de intervención obedece a que la directiva de CAPTRALIR y del Gobierno Central encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, le apostaron a suspender todas las prestaciones de los cotizantes a CAPTRALIR, incluyéndolos pagos de pensiones por jubilación, por cesantía, por vejez o por discapacidad, así mismo lo hicieron con los pagos a deudos de trabajadores fallecidos. Esto desde luego constituye un ataque flagrante a uno de los derechos que son la piedra angular de las conquistas obreras que es el derecho a la jubilación y a pensiones dignas.
Fue a finales de año cuando debido a la presión de este y otros colectivos, el gobierno se vió obligado a inyectar recursos para fundamentalmente el asunto de las pensiones, no así para otras prestaciones incluidas en el Reglamento de Prestaciones de CAPTRALIR.
Desde que “Trabajadores de Segunda por Decisión de Gobierno” demandaron la intervención de la CDH-CDMX, este órgano por la quinta visitadora coincidió en que se estaba violando el derecho humano a la seguridad social, sin embargo, marcó un plazo de tres meses para emitir su pronunciamiento, toda vez que según dijo: “se requiere un estudio pormenorizado de las acciones de CAPTRALIR, lo cual puede parir de las 39 quejas que se han recibido por algunos trabajadores a título personal”.
Después de no solo tres meses sino cuatro de no haber recibido noticia alguna sobre el pronunciamiento, los trabajadores en el mes de noviembre acudieron personalmente a solicitar la entrega del documento, recibiendo como respuesta que “el documento ya estaba terminado y que se encontraba ante la titular de este órgano para su rúbrica” y que en esos mismos días se notificaría para cuándo se podía ya contar con él.
Finalmente, lo que se nota a todas luces es que hubo línea para no entregar el documento en el tiempo en el que gobierno podría ir aplicando inyecciones financieras para pagar las pensiones atrasadas, asunto que ya sucedió. Con esto le quitan un elemento importante a la crítica porque ahora ya no hay rezagos.
Sin embargo, existen prestaciones que no se están cumpliendo por lo que las violaciones a los derechos adquiridos de los trabajadores siguen siendo ninguneados.
