Comparan dirigentes de organizaciones democráticas con “líderes” delincuenciales
En los últimos días ha crecido el clima de violencia en el estado de Oaxaca. Esta violencia no solamente se traduce en el crecimiento de la violencia común, sino también, crecimiento de una violencia institucional hacia quienes se opone a los proyectos que son prioritarios para el sistema. El clima de inseguridad se suma la decisión del gobierno de Alejandro Murat de nombrar al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública a un personaje vinculado con el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), organismo que combatió al movimiento social (ejecutó la represión en Nochixtlán, Oaxaca) y no a la delincuencia. Con dicho nombramiento del gobierno del estado apunta que el combate real será en contra del movimiento social, pueblos y comunidades que se opongan a los proyectos estratégicos que está impulsando el gran capital (Corredor Transístmico, Tren Maya y proyectos mineros).
Para lograr su objetivo, han acompañado sus decisiones de un clima de confrontación entre grupos delincuenciales (Sindicato Libertad, Confederación de Trabajadores de México, etc.), que se encuentren vinculados a los carteles de la droga, generando con ello un clima de zozobra y temor entre el pueblo de Oaxaca. Los últimos hechos suscitados el 25 de junio dan cuenta de ello, en donde grupos con formación táctica y manejo de armas de fuego se confrontaron en la población de Viguera, Oaxaca, dando como resultado un muerto y decenas de heridos.
Para poner la cereza en pastel, han intentado criminalizar la lucha social, comparando a los dirigentes de organizaciones democráticas, progresistas y revolucionarias con los “líderes” de estos grupos delincuenciales tratando de justificar la represión y queriendo deslegitimar las luchas en las que se encuentran. Esto hace crecer la posibilidad de una respuesta represiva, en términos selectivos, en contra del movimiento popular en Oaxaca, lo que llevaría consigo un desvío de los objetivos que han aglutinado a diversos sectores, grupos, organizaciones y comunidades en la lucha contra la imposición de megaproyectos.
A pesar de los supuestos cambios en la política del gobierno federal, los métodos para imponer megaproyectos no han acabado, al contrario, se han refinado para obtener los resultados que esperan los grandes capitalistas con mayor eficiencia, apoyados en la legitimidad que les da un gobierno federal que fue resultado del hartazgo popular, pero que sirve de manera eficaz a los intereses del gran capital.