Se estima que en nuestro país hay aproximadamente un millón doscientas mil mujeres trabajadoras agrícolas, de ellas, el 58% laboran sin pago; el 21% son jornaleras o peonas; y, en cuanto a la posesión de la tierra, una cifra muy baja es posesionaria (27%) o ejidataria (21%). (ONU MUJERES, CECIG 2024) Aunque pueden ser más ya que el registro es complicado dado que están contratadas en muy malas condiciones y por otro lado requieren movilizarse de un lugar a otro para tener trabajo, ya sean migrantes o mexicanas. La migración interna se da de los estados del sur principalmente Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz, hacia los estados del norte.
Es frecuente que salgan de sus comunidades solas o en grupo bajo prometedoras propuesta de trabajo que luego no se cumplen. Duermen en galeras, sin camas ni cobijas o bien tienen que destinar parte de su raquítico salario para rentar espacios. Es frecuente que sus empleadores o quienes les reclutaron, les retengan el salario con el pretexto de que ahorren, lo que les hace víctimas de coerción o chantaje. Si ocurre algún accidente como volcaduras de su transporte o intoxicaciones tampoco se hacen responsables los patrones.
Su trabajo puede ser cultivar, cortar, sembrar, empacar o limpias los productos agrícolas, pero además deben limpiar los baños, elaborar comida, repartir agua, etc. No tienen acceso a la salud y su derecho a la maternidad no es respetado, particularmente porque se enfrentan a riesgo laborales por el uso de plaguicidas, herbicidas o fertilizantes, así como a las altas temperaturas que se experimentan en los campos a cielo abierto o en invernaderos. Asimismo, no cuentan con permisos de maternidad remunerados, muchas padecen desnutrición y osteoporosis por el tipo de alimentación al que tienen acceso.
Es en este sector donde la brecha salarial de género es más grande, ya que prevalecen los estereotipos de género y no se respetan los términos mínimos de la Ley del Trabajo, su actividad es vista como complementaria al salario de sus parejas, quedando en desventaja para ser contratadas de manera independiente, profundizando sus condiciones de marginalidad y pobreza, con jornadas que duran hasta 13 horas con salarios miserables que rondan entre los 80 y 200 pesos al día, sin días de descanso, ni pago de horas extras. Solamente un 7% de las mujeres que trabajan en el campo tienen contrato y el 90% de ellas no tienen acceso a servicios de atención médica por parte de su patrón, tampoco de prestaciones laborales (PERIPLO, 2024)
Es urgente acceder a la justicia laboral con este sector de trabajadoras, queda empeñada la palabra presidencial al establecer 2025, como el año de la mujer indígena.