El funcionamiento del sistema capitalista tiene como base la explotación del trabajo asalariado, acumulando la riqueza, las ganancias en la clase dominante, la burguesía. Independientemente de quién esté en el Gobierno central, el funcionamiento económico del sistema capitalista es el mismo, por ello, aunque han existido algunos cambios de nombres, la oligarquía financiera se sigue fortaleciendo.
Desde hace 12 años, Carlos Slim ha sido el hombre más rico de México, y ahora bajo la administración central de AMLO-Morena, cuenta en este cierre del año 2023 con una fortuna de 101 mil 500 millones de dólares, de los cuáles 27 mil millones de dólares se acumularon durante 2023, lo que lo ha llevado a ser el undécimo hombre más rico del planeta.
Tal acumulación de ganancias, en primer lugar, es producto de la explotación del trabajo asalariado. En segundo lugar, es producto de un escenario político y económico que propicia las condiciones para que se de este proceso de acumulación capitalista, y en este sentido el actual gobierno, igual que los anteriores, desarrolla una política económica que favorecen los intereses de la oligarquía financiera.
Por ello, a sus 83 años de edad, Carlos Slim ha duplicado su patrimonio desde que inició el actual gobierno, porque en noviembre de 2018 su riqueza estaba valorada en alrededor de 50 mil millones de dólares. Aunque las telecomunicaciones representan alrededor de 40% de sus ganancias totales,
se extiende hacia otras ramas de la producción que van desde la minería, petróleo, construcción y servicios, viéndose beneficiado directamente del recurso público porque sus empresas han sido ganadoras de varias licitaciones de los megaproyectos que se han impulsado en el actual gobierno.
Así como se ganó la tan controvertida licitación de Teléfonos de México, en el período en que fungía el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que prácticamente regaló a los personeros de la oligarquía financiera sendas empresas llamadas paraestatales.
Oponiéndose actualmente Carlos Slim a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, imponiendo sindicatos blancos en sus empresas, y donde hay sindicatos con vida sindical y en defensa de los derechos colectivos cómo es en telefonistas, trata de terminar con el contenido del contrato
colectivo de trabajo.