La migración en México, tanto la que expulsa a millones de mexicanos hacia Estados Unidos como la que convierte al país en territorio de tránsito y destino, no puede comprenderse fuera de las dinámicas del capitalismo global y la división internacional del trabajo. El fenómeno migratorio no es un “problema humanitario” aislado, sino el resultado de un sistema que produce pobreza, desigualdad y despojo como condición de su funcionamiento.
Históricamente, el capitalismo en México se ha desarrollado de forma dependiente y subordinada al capital extranjero, en particular al imperialismo estadounidense. Las políticas neoliberales aplicadas desde los años ochenta —privatizaciones, apertura comercial, desregulación laboral— destruyeron sectores productivos, profundizaron el desempleo y precarizaron el trabajo. Ante la falta de condiciones dignas para vivir, millones de personas de comunidades campesinas e indígenas han sido forzadas a migrar. No se trata de una “decisión individual” libre, sino de una migración forzada por el despojo de tierras, la violencia estructural y la ausencia de alternativas.
México también ocupa un lugar central como país de tránsito para migrantes de Centroamérica, el Caribe y, cada vez más, Sudamérica y África. Estas personas huyen de condiciones similares: economías devastadas por tratados desiguales, intervenciones imperialistas, crisis climática y violencia política. Sin embargo, en lugar de encontrar solidaridad, se enfrentan a políticas de contención impulsadas por el propio gobierno mexicano bajo presión de Estados Unidos, como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur y los centros de detención migratoria. Así, el Estado mexicano actúa como gendarme del capital imperialista, gestionando la fuerza de trabajo migrante como un recurso descartable.
El capital se beneficia doblemente de la migración: en los países de origen, la salida masiva de trabajadores reduce presiones sociales y garantiza el envío de remesas que sostienen economías enteras; en los países de destino, los migrantes son explotados en condiciones laborales precarias, sin derechos plenos, generando grandes ganancias para el capital. Es la movilidad del trabajo sin la movilidad de derechos.
Frente a esta realidad, entendemos que la lucha por los derechos de las personas migrantes no puede desligarse de la lucha contra el sistema capitalista que las expulsa. Es necesario construir una solidaridad internacionalista de la clase trabajadora, que enfrente las políticas racistas y represivas, y que reivindique el derecho a no migrar: es decir, el derecho a vivir dignamente en el lugar de origen, con acceso a tierra, trabajo, salud, educación y libertad. Solo con la superación del capitalismo podrán erradicarse las causas estructurales de la migración forzada.