La infraestructura que le hará la socialdemocracia al capital, en Oaxaca

Oaxaca es una de las entidades del sur del país donde el gobierno federal pretende continuar con los planes de desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que tiene como responsable al empresario Gerardo Gutiérrez Candiani.

El Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el 2019 fue aprobado por un monto de 69 mil millones de pesos, lo que representó un incremento del siete por ciento en relación al 2018, informó la Secretaría de Finanzas a través de su página en internet.

La aplicación de un monto mayor a lo aprobado el año pasado en finanzas para Oaxaca, no encuentra contrapesos con la filiación priísta del gobernador Alejandro Murat y el Partido Morena del presidente del país, a pesar de que en las urnas fueron contrincantes, pero no han tenido dificultades para continuar con los designios del imperialismo y la burguesía en el objetivo de desarrollar las ZEE.

Las ZEE son los lugares donde se invertirán cantidades de recursos en materia de desarrollo industrial, infraestructura vial y desarrollo comercial. Para el caso de Oaxaca el gobierno de López Obrador pretende, terminar de construir las carreteras Oaxaca-Puerto Escondido y Oaxaca-Istmo por donde pasarán mercancías y darán acceso a la costa oaxaqueña, incrementando también el negocio del turismo.

Se tiene contemplado dentro del presupuesto la continuación y modernización de la vía ferroviaria de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, para el movimiento rápido de mercancías y su desarrollo como corredor industrial que, en perspectiva, en voz de López Obrador se transformará en una zona libre “para apoyar a inversionistas y atraer fuentes de empleo”.

También se pretende rehabilitar y ampliar el puerto de Salina Cruz y la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”. El gobierno socialdemócrata de López Obrador, continúa con los proyectos definidos por los grandes consorcios y particularmente petroleros, que en este caso particular, planteó defender Pemex del saqueo y la entrega de la soberanía que se hacía con la privatización, que hasta demandó ante la Procuraduría General de la República a Peña Nieto por “traición a la patria”, pero ahora le ha otorgado impunidad.

 

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