Recién el poder legislativo congeló la aprobación de la ley contra el outsourcing, todo parece indicar que fue una decisión presidencial.
Este episodio refleja dos elementos que tenemos frente a nosotros: 1.- El poder legislativo carece de autonomía y 2.- el poder de las trasnacionales y el empresariado da a conocer todo su verdadero peso.
Si como decimos esta fue una decisión del presidente de la República, la misma contradice su dizque decreto de que el neoliberalismo se habría terminado.
El outsourcing es una política prohijada en las tesis del neoliberalismo, para deslindar a los patrones de su responsabilidad para pagar prestaciones, así como la seguridad social.
No es ocioso señalar que México, en el sector de los servicios públicos es el terreno de mayor fertilidad para las empresas outsourcing, casi durante toda la vida de estas empresas.
En la década de los 80s inicia un proceso de subcontratación de empleo, que en el argot sindical se conoció como la tercerización.
Debemos hacer un paréntesis para que no se escape, cómo algunos representantes sindicales, funcionarios públicos y sus compadres y amigos se aprovecharon a sus anchas y constituyeron -a veces sin cubrir la normativa- centenas de empresas outsourcing para ofrecer servicios de mantenimiento, intendencia, obra pública y proveedores, en todas las secretarias de Estado y en todas las dependencias estatales y/o municipales.
En la Ciudad de México, el gobierno desde entonces y a la fecha tiene firmados contratos con muchas subrrogadoras de trabajo.
En el Sistema de Transporte Colectivo Metro, algunas de esas empresas de mantenimiento son propiedad de Espino Arévalo; en la Secretaría de Medio Ambiente y la de Obras, son funcionarios medios los dueños o presta-nombres de los que tienen contrato.
En algunos casos sub-utilizando al propio personal de la nómina de las dependencias, pagándoles con prebendas económicas del presupuesto de las mismas.
Estas empresas se caracterizan por contratar la mano de obra sin prestaciones, sin seguridad social, sin registro y por lo tanto robando al fisco.
AMLO sabe perfectamente esto, pero en los hechos tolera y defiende a esas empresas.
Desde el activismo sindical debemos de seguir luchando por el respeto cabal de los postulados del Artículo 123 constitucional y de las leyes que de él emanan, defender los Contratos Colectivos de Trabajo y luchar contra la privatización de los servicios públicos.