Las ocupaciones del narco y los desplazamientos forzados

En días pasados fueron incendiadas 22 casas en la comunidad forestal de Las Pomas, Municipio de Madera en Chihuahua. Dicha acción fue realizada por miembros de un comando armado. No es la primera vez que se dan este tipo de sucesos en la región y el país. En los estados principalmente de Guerrero y Michoacán hay miles de desplazados, ya que la presencia de la delincuencia genera condiciones de total inseguridad para la población. En aquellos municipios donde se establecen los cárteles se condiciona a la población a pagar cuotas por “seguridad”, dichas extorsiones son lo que mantienen por una parte a dichos grupos económicamente, además de darles control sobre diferentes aspectos de la vida de las comunidades particularmente sobre el comercio, ya que ahí donde se establece la delincuencia, nada se puede comprar o vender sin autorización de ellos a la vez que la venta de todo producto lleva consigo un impuesto extra como cargo del “permiso” otorgado por los criminales. En otros casos más graves en busca de centros de operaciones las organizaciones delictivas desalojan a las personas de sus hogares, expulsando a pueblos enteros.

Este conjunto de condiciones ha obligado a miles a salir de sus comunidades de origen para poder sobrevivir y evitar el hostigamiento constante de los grupos delictivos. Durante los últimos sexenios, incluyendo al de la “4ª Transformación” se ha demostrado tanto complicidad e incapacidad, como la falta de voluntad del Estado mexicano para dar soluciones verdaderas a la inseguridad, ya que los cárteles en la mayor parte del país funcionan como sus instrumentos para controlar y sembrar miedo en la población, suprimiendo la movilización social en alianza con el gobierno federal y los caciques locales. Existe una relación directa entre la persecución política y el crimen organizado, ya que en las zonas donde se establecen los megaproyectos, el hostigamiento hacia las comunidades y los líderes sociales lo hacen dichos grupos delictivos. Diversas comunidades han demostrado que la única solución para contrarrestar el avance de los grupos delictivos es la organización, en varias regiones se han creado autodefensas o policías comunitarias evitando así la entrada de los delincuentes a la zona, los pueblos y la clase trabajadora deben seguir dicho ejemplo puesto que además de resistir e impedir el avance de la delincuencia, la organización comunitaria para cuestiones de seguridad y satisfacción de sus demandas forman disciplina y dotan de elementos más elevados para el movimiento social, hacia un verdadero cambio.

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