En octubre de este año el Juzgado Tercero de Distrito en Oaxaca, dictó sentencia en favor de la comunidad indígena oaxaqueña Capulalpam de Méndez para que el Estado mexicano cancele 4 concesiones mineras de origen canadiense que fueron otorgadas en sexenios pasados.
En el territorio de Capulalpam que se localiza en la sierra Juárez, desde el 2002 el gobierno de Felipe Calderón había otorgado 12 concesiones mineras, de las cuales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se echaron a andar 4 de ellas por parte de la empresa canadiense Endeavour Silver, a la compañía Nativitas y Anexas y otros particulares.
En conferencia de prensa el 11 de febrero, las autoridades municipales y agrarias dieron a conocer que desde el año 2015 decidieron iniciar una larga batalla legal para que fueran respetados sus territorios de uso común.
La falta de consulta sobre sus territorios, la violación al Artículo 169 de la OIT en materia de consultas indígenas y el reconocimiento de que la comunidad indígena fue fundada antes que el Estado mexicano fueron elementos que el juez que llevó el caso dictara sentencia en favor de la comunidad.
A pesar de que ya han ganado esta batalla, las empresas canadienses y la propia Secretaría de Economía han interpuesto amparos para no acatar la orden del juez.
El caso de Capulalpam genera precedentes para un grupo numeroso de comunidades indígenas que se encuentran en la misma situación, en donde las empresas mineras principalmente de origen trasnacional buscan doblar la ley o sobornar a autoridades comunitarias para poder llevarse los metales preciosos que representan sin duda una ganancia enorme a costa de la devastación ambiental y la degradación del tejido social.
Lo que se debe tomar en cuenta actualmente es que no va a bastar con ganar la batalla legal, sostener la organización comunitaria, valorar el papel de la asamblea y el trabajo organizado para la defensa de los recursos naturales a lado de otros pueblos son tareas de las comunidades indígenas en Oaxaca y de todo el país.