El pasado 8 de mayo, en la Delegación de Gobierno de Comitán se produjo una reunión entre representantes de las autoridades estatales y locales (Secretaría de Salud de Chiapas, Presidencia Municipal de Las Margaritas) y los de diversas organizaciones sociales de la región, donde los primeros intentaron imponer un exhorto en el que se pretendía la retirada de las calles de los innumerables vendedores ambulantes que deben buscarse la vida trabajando para sobrevivir a la crisis económica que nos golpea debido a las políticas neoliberales implementadas antaño y secundadas hoy por el gobierno de la 4ª Transformación.
Escondidos tras las “medidas preventivas” por la pandemia de Covid-19, los morenistas locales y estatales trataron nuevamente de coartar derechos constitucionales del libre tránsito de las personas y no garantizaban en ningún modo la supervivencia de aquellos que deben ganarse el pan de cada día. El Frente Campesino y Popular de Chiapas, donde se engloba nuestro FPR, denunció el chantaje (la supuesta minuta a consensuar en la reunión era una mera imposición de firma) y la mentira (las autoridades sanitarias no respondieron al pedido del FCPCH de suministrar mascarillas y gel para la limpieza de manos) y fueron la única organización que no firmó el documento implementando posteriormente las medidas sanitarias establecidas por las autoridades (sana distancia, mascarillas desechables, limpieza continua), ampliadas con otras medidas de concientización social ante la pandemia en la zona de la central de abastos para garantizar la contención del virus, el trabajo de los vendedores en las calles y el abastecimiento de insumos a la población.
La simulación que realizan los gobiernos estatales y municipales en Chiapas con la pandemia raya lo cantinflesco: controles parciales “impermeables” que algunos permean a su antojo; filtros sanitarios que sólo sirven para cubrir estadísticas adulteradas y medidas de acoso físico y moral sobre la población por parte de funcionarios que no han recibido la mínima capacitación mientras que los insumos sanitarios y el número de camas y profesionales en los hospitales decrece proporcionablemente al aumento de número de casos o simplemente no existen y la alimentación de los ciudadanos no se garantiza jamás.