La tarde del jueves 15 de octubre, el general de división en retiro, Salvador Cienfuegos fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, por petición de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) dependencia del gobierno de los Estados Unidos.
El general mexicano quien fuera el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional –el mayor rango militar- en el periodo de Enrique Peña Nieto compareció el día viernes por la tarde mediante videoconferencia ante la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, acusado de conspiración para blanquear fondos procedentes del narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana desde finales de 2015 hasta principios de 2017 hechos en los cuales ayudó al cártel de los Beltrán Leyva (H-2) protegiéndolos, evitando la justicia y combatiendo a los cárteles rivales desde su puesto.
A este hecho se sumó la solicitud de la fiscalía estadounidense para que la corte mantenga “orden permanente de detención” y descarte cualquier forma de libertad condicional, bajo fianza o arresto domiciliario escenarios que le darían facilidades para una posible fuga por los contactos con el narcotráfico y allegados en las estructuras militares y gubernamentales en México, situación que el juez de distrito resolverá este martes fecha en que continuará el proceso.
El Padrino, apodo con el que se referían los narcotraficantes a Cienfuegos, contrató al abogado Duane Lyons -bufete Quinn Emmanuel- que lleva también la defensa de Genaro García Luna ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón; con la anterior detención del fiscal de Nayarit, Edgar Veytia suman tres funcionarios mexicanos en materia de seguridad detenidos en Estados Unidos.
El arresto del General Salvador Cienfuegos remueve la vida política nacional, pues nunca en la historia en la relación Estados Unidos- México se había dado la detención de un alto mando militar mexicano acusado de narcotráfico, no en México sino en el corazón del imperialismo. Resulta difícil de creer que las autoridades mexicanas no tuvieran información de la investigación que llevaban a cabo los agentes de la DEA y siendo que las acusaciones en su contra datan desde el 14 de agosto de 2019; más aún cuando el gobierno federal ha seguido al pie de la letra los designios del mandatario Donald Trump con la militarización de la frontera sur y la visita obligada de AMLO a Estados Unidos para firmar el T-MEC.
Lejos de las cualidades de la DEA siempre en tela de juicio y lo atinado del fiscal Donoghue para llevar a proceso judicial a los funcionarios corruptos de México, se puede apreciar una especie de negociación de alto nivel para la utilización mediática de esta detención en la necesidad urgente de Donald Trump por victorias para mejorar su imagen en la elección presidencial que ya está a la vuelta de la esquina; y en la revancha política de los actuales administradores del país con otros sectores de la burguesía con los cuales tienen cuentas pendientes.
Resuenan los nombres de los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en ser los próximos procesados, el pueblo trabajador quisiera que por justicia ante sus actos de corrupción y represión fueran enjuiciados, pero hoy se encuentran en el peor de los escenarios al ser piezas sacrificables de la burguesía y el imperialismo.
No debemos aceptar el hecho como un caso aislado, pensar que solo era la actuación de Cienfuegos es por menos un argumento risible, los cómplices, los operadores, los que avalaron este actuar van desde sectores de la burguesía hasta autoridades civiles y militares, una cúpula del alto mando militar que actúa para defender sus intereses de clase, que negocia con los diferentes cárteles de la droga –solo así se entendería del por qué actualmente siguen operando en el país y formando parte de la economía nacional- , una cúpula que manda a la tropa a enfrentarse a la delincuencia a sabiendas que ya han dado el pitazo, una cúpula que ordenó la masacre en Tlatlaya y entregó a los normalistas a la delincuencia organizada.
El presidente del país no puede enjuagarle el rostro al ejército afirmando que solo es un caso aislado. Con la detención del Padrino, se desmitifica el papel de las fuerzas armadas y se evidencia el grado de putrefacción de las instituciones del Estado mexicano como un hecho concreto de la propia degradación del sistema capitalista.
La delincuencia organizada que genera violencia en el país puede comprenderse si ponemos en evidencia su fusión con los sectores de la burguesía que han visto en el tráfico de drogas un negocio más para ensanchar sus ganancias y un parapeto paramilitar para defenderlas; los bancos que lavan el dinero obtenido con explotación y sangre de los trabajadores tienen culpa, los funcionarios que ven dinero fácil para sus apetitos son cómplices, la necesidad de los trabajadores parados y la juventud sin oportunidades por la crisis que son obligados a delinquir y a pensar en sus individualidades por sobre el bien colectivo son víctimas porque así está diseñado el sistema actual de las cosas y es lo que en realidad debemos cuestionar. Así están las cosas por estos días.