En el paquete fiscal 2021, aprobado por el Congreso, se contempla el alza en el pago de derechos por el uso del espectro electromagnético a las empresas que se dedican a la telefonía celular e internet. Dicha aprobación levantó suspicacias debido a que se considera que, este pago de derechos, será descargado sobre los usuarios.
Este pago de derechos, según lo informado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lleva un aumento del 3.5%, en referencia a los derechos del presente año. Según un comunicado de la propia secretaría, el aumento solamente lleva la proporción de la inflación económica. Sin embargo, es de todos conocido, que las empresas nunca asumen directamente estos aumentos. Es por ello, que se levantaron suspicacias, pues se considera que realizaran un aumento en los costos de los servicios antes mencionados.
Al levantarse la inconformidad por parte de los usuarios, la SHCP emitió un comunicado en donde hace referencia a que esté aumento en el pago de derechos no tendría por qué afectar el costo final a los usuarios de estas plataformas. Este aumento es un golpe a las mayorías populares en medios de la crisis y pandemia, pues millones de mexicanos están haciendo uso de estos servicios como único método de comunicación, trabajo, estudio, desarrollo de labores y vida cotidiana.
Actualmente, los servicios de internet y telefonía celular se encuentran acaparados por un duopolio, con la competencia reducida de otras empresas pequeñas que no han logrado la cobertura total de señal. Es allí donde entra la promesa de AMLO, que para la segunda mitad de su mandato se lograría implementar la conexión de más de 40 millones de mexicanos a través de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esta propuesta se encuentra todavía muy lejos de realizarse, debido a que, hasta el día de hoy, la CFE no ha logrado definir las zonas y alcance de cobertura. Con estas condiciones y las que deja la actual situación de pandemia, aún se observa demasiado lejos que el servicio de internet pueda convertirse en una realidad de miles de comunidades marginadas del país.
Hoy toca esperar, la reacción de las empresas cómo Telcel, Movistar, AT&T, en el impacto que generará el pago de derechos y la modificación de sus cuotas. Todo apunta a que no será favorable para los usuarios y, por tanto, vendrá a ser una afectación más en la deteriorada condición económica de los trabajadores del campo y la ciudad, en esta ya de por sí, atroz crisis sanitaria y económica.