Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro, así como los diferentes gobiernos municipales, se han caracterizado por tomar una serie de medidas totalmente equivocadas que solo han afectado a la clase trabajadora.
En primer lugar, a inicios de marzo las fuerzas policíacas, en coordinación con los “inspectores” de sanidad, se encargaron de desalojar a cientos de comerciantes en diferentes tianguis de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Por un lado, el argumento del gobierno estatal era el adelantarse a las medidas que tomaría el gobierno federal, lo que sirvió para simular una especie de disputa por el reconocimiento popular.
Por otro lado, el gobierno estatal prácticamente regaló, del erario público, una cantidad enorme de dinero para el capital privado, por ejemplo, al Hospital Ángel Leaño le otorgó 177 millones de pesos, bajo el pretexto de incentivar su equipamiento y personal para poder hacer frente a la pandemia, sin embargo, los hospitales públicos se encuentran saturados o cerrados, dejando en espera a miles de personas que requieren realizarse análisis diversos o atender sus enfermedades crónico degenerativas.
De manera descarada, los 3 niveles de gobierno en el estado de Jalisco, pregonan una serie de logros como la inauguración de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, sin embargo, cada día aumenta el número de desempleados y muchos se han visto obligados a aceptar la extensión de la jornada laboral sin aumento de sueldo, además de la progresiva limitación de derechos laborales para aquellos que tienen un empleo fijo; en diferentes partes de la ciudad se concentran grupos de personas que esperan ser contratados a mínima paga por “coyotes”, que han visto una oportunidad de obtener mano de obra barata durante la crisis actual.
Los pequeños comerciantes se ven obligados a buscar otras formas de empleo, y en el caso de los migrantes indígenas, muchos han tenido que regresar a sus estados de origen, donde la situación no es precisamente mejor que en Jalisco.
A pesar de las restricciones de movilidad y la represión constante, el número de contagios ha llegado a cerca de 86 mil, lo que demuestra tanto la incapacidad del gobierno para atender la pandemia, como su arbitrariedad al asignar presupuestos, ya que los hospitales públicos se encuentran limitados de equipo médico, así como en infraestructura necesaria para atender a todos los posibles contagiados.