La cúpula militar de Myanmar (antigua Birmania, excolonia de Reino Unido), derrocó al gobierno civil encabezado por Suu Kyi, con quienes “compartían” la administración del Estado de ese país desde 2015 -cuando la hoy detenida ganó las elecciones-, cinco años después de que fue liberada tras ser encarcelada durante 15 años por el mismo régimen militar.
Desde 1962 el país ha sido gobernado por distintas facciones militares al servicio del imperialismo japonés o chino o británico, quienes se disputan el jade, las gemas (piedras preciosas), petróleo, gas natural y otros minerales y han sumido en una división al país entre religiones, etnias y nacionalidades que lo mantiene en una guerra civil permanente.
Por la presión de las masas trabajadoras el gobierno formado entre militares y civiles, desde 2015, elaboró unas reformas constitucionales, pero no eliminaron los privilegios políticos y económicos del ejército. Este tiene asegurado un cuarto de los escaños parlamentarios, mantienen el control de los ministerios del interior y de defensa, como poder de veto; el ejército participa en el marcado legal e ilegal, en el tráfico de drogas, lavado de dinero, etc.
Suu Kyi gobernaba como “Consejera de Estado” porque la Constitución Política militarista o fascista prohíbe la presidencia del país y solo admitió la “Consejera de Estado”. Durante el co-gobierno de la Premio Nobel de la Paz, guardó silencio ante la persecución y asesinatos departe del ejército contra los musulmanes rohingya del estado occidental de Rakhine ocurridas en 2016 y 2017, como de la expulsión de su territorio, lo que ha derivado en una investigación por genocidio en la Corte Penal Internacional.
Las contradicciones en el gobierno entre los militares y los civiles encabezados por Suu Kyl, se agudizaron cuando en las pasadas elecciones de noviembre perdieron los militares, estos se inconformaron aduciendo “parcialidad y campañas injustas”, por lo que dieron el golpe de Estado e impusieron como Presidente Interino al General Myint Swe, decretando un estado de emergencia y empezaron a ejercer el “poder soberano del Estado”, por lo que encarcelaron a la “Consejera de Estado” Suu Kyi y demás equipo acusándolos de incapacidad por no tomar medidas ante el fraude electoral denunciado por ellos. Durante el golpe de Estado inhabilitaron el internet para evitar la conexión de la población para que las denuncias no salieran al exterior e impedir con eso la organización y protesta contra el golpe; solo operó la televisión controlada por estos, los bancos fueron cerrados y se agudizó la represión.
Ya teniendo todo el gobierno en sus manos, estos han dicho que “reconstituirán la Comisión Electoral, investigaran las listas de votantes y convocarán a elecciones multipartidistas libres … y entregaran -el gobierno- al Partido ganador que cumpla con las normas y estándares de la democracia”.
Biden se pronunció contra el golpe y dijo que “tomará medidas contra los responsables si no se revierten los pasos”. Reino Unido, India, Nueva Zelanda lo han hecho rechazando el golpe y pidiendo la liberación de los detenidos. China se ha pronunciado tibiamente, llamando al orden. Estos países imperialistas son responsables de la opresión nacional, de los golpes de Estado, las guerras civiles, los genocidios, las migraciones masivas, expulsiones, devastación de sus recursos y pobreza que padece este país.
En este sentido: ¡Rechazamos la intervención imperialista, la acción golpista de los militares! ¡Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo birmano que mantiene en alto sus banderas de lucha contra esta política propia de los capitalistas!