Constituidos en un colectivo de trabajo para rescatar del abandono, del vilipendio y del saqueo a la Caja de Previsión para trabajadores a lista de raya (CAPTRALIR); solo con ese propósito, denominándose “TRABAJADORES DE SEGUNDA POR DECISIÓN DEL GOBIERNO”, no como una presunción sino como una denuncia pública de la condición en la que el gobierno los ha sometido por su acción unilateral de incluirlos en la nómina 5.
Al momento han definido una ruta de trabajo con el propósito arriba señalado, reconociendo en todo momento que ninguna acción, por muy bien intencionada que sea, puede lograr este propósito sin el concurso de los trabajadores. Buscan en todo momento hacer que los responsables del saqueo repongan lo robado y que de acuerdo la ley, paguen su delito.
Como una parte elemental de los manejos del dinero, las aportaciones de los trabajadores y las que el Estado-patrón realiza en su nombre no puede ser tratado como dinero del erario público pues ese es recurso de los trabajadores.
Como todo mundo sabe la situación de quebranto de la CAPTRALIR, es responsabilidad directa del gobierno pues son ellos los que han decidió utilizar los fondos de CAPTRALIR para proyectos de inversión fallidos y porque disponen de manera sesgada de esos fondos cuando su fin está determinado en un reglamento muy claro y especifico pero que no se respeta.
Los qué deberían de representarlos, con su pasividad y silencio se hacen cómplices del desfalco; por eso es que los trabajadores toman el asunto en propias manos, pues se trata de la seguridad de sus familias lo que está en riego. Pues esta situación hoy tiene a 1,843 (mil ochocientos cuarenta y tres) trabajadores que iniciaron su proceso de jubilación en el 2019, cumpliendo con todos los requisitos, se encuentran a la fecha sin que les sea satisfecho el correspondiente pago de su pensión; lo peor es que esto se repite con los compañeros que tramitaron pensión por riesgo de trabajo y con los deudos de trabajadores que fallecieron del 2019 a la fecha.
Por otro lado, los préstamos de mediano plazo y los hipotecarios han quedado cancelados, mientras que los de corto plazo, están supeditados al azar, pues las respectivas solicitudes son sometidas a un supuesto sorteo que nadie verifica por lo que se duda de su autenticidad.
La ruta que han definido buscará que el Gobierno aplique una inyección económica que permita sanear las finanzas de este organismo, así como existe dinero para rescatar empresas en quiebra como la de telecomunicaciones que el gobierno adquirió para el servicio de internet, o de cómo se cubren becas para sectores vulnerables de la sociedad.
Pues los trabajadores han cotizado de manera puntual a los fondos de la CAPTRALIR y es recurso que por lógica les pertenece, la exigencia de rescate incluye que la denuncia y demanda por que los culpables del desfalco paguen.
Por lo que recurren a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que demostrando como se violan los derechos humanos se emita una recomendación para el rescate de CAPTRALIR