Desde hace 16 años el Estado mexicano, en voz de Felipe Calderón presidente de México en ese entonces, definió sacar al ejército a las calles con el argumento de combatir a la delincuencia organizada declarando ser un tema de seguridad nacional -la razón es que no podría gobernar por el fraude electoral que lo impuso como presidente y el mayoritario rechazo a su gobierno-; en aquel entonces el movimiento social criticó tal acción al considerarse tendiente a la militarización del país; también en aquel entonces los que hoy son gobierno criticaron tal acción.
El 26 de marzo del año 2019, se emitió el Decreto Oficial de la Federación para la creación de la Guardia Nacional como parte de la estrategia de seguridad pública, argumentando que la entonces Policía Federal ya no cumplía con su función por estar llena de corrupción; desde entonces han estado en las calles con un mando civil al frente pero un alto porcentaje de mandos medios, bajos y rasos provenientes del ejército mexicano y la marina.
Hace unos días, el 31 de agosto, Andrés Manuel López Obrador envió una Iniciativa Preferente de Proyecto de Decreto a la Cámara de Diputados para reformar, adicionar y derogar diversas normas referentes a la Guardia Nacional y Seguridad Pública con el propósito principal de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se haga del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional; dicha iniciativa ya fue aprobada por los diputados y ratificada por los senadores por lo que en próximos días será publicada para su entrada en vigor.
El proceso de incorporación del ejército y la ampliación de sus facultades en el ámbito civil ha sido un proceso gradual, que no empezó con la actual administración, pero sí que las elevó a otro nivel, entregando a los militares nuevas tareas como la construcción y administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el desarrollo y seguridad del Tren Maya, el acompañamiento en el Corredor Interoceánico, la construcción de 1, 600 sucursales del Banco Bienestar, la construcción de 266 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional; a la Marina se le entregó el control de puertos mercantiles, aduanas marítimas y sus funciones administrativas.
Los argumentos de la actual administración para ampliar las facultades castrenses en el ámbito civil son: la confianza “popular” a dichas instituciones y una forma de evitar que la Guardia Nacional se corrompa, la necesidad de garantizar la seguridad pública ante el crimen organizado y que contrario a lo que parece “no están por la militarización del país”
En la propuesta enviada por el ejecutivo se plantea que la Guardia Nacional pase a control de la Secretaría de la Defensa Nacional, la especialización militar en vez de civil de dicha institución, el reconocimiento de los elementos castrenses que ya laboran en la Guardia Nacional y que mantengan el fuero militar.
Lo que el Estado mexicano busca es dotarle de legalidad a lo que en los hechos han ido imponiendo, pues si pasamos revista, actualmente, la Guardia Nacional se compone de 113 mil 833 efectivos desplegados en las 266 coordinaciones regionales en el país. Del total, 73 mil 805 (64.83%) provienen de la SEDENA; 16 mil 792 (14.75%), de la SEMAR; mientras que 23 mil 236 (20.41%) fueron asignados desde la extinta Policía Federal. Es decir que la Guardia Nacional se ha ido componiend
o de elementos castrenses desde un principio.
En el transcurso de estos 16 años, se acepte o no, las diferentes administraciones de Estado – incluyendo a la “Cuarta Transformación”- en cada turno poco a poco han ido lavándole la cara a las fuerzas militares para poder presentarlas como la salvación a los problemas del país. Ante ello, debemos recordar las 162 recomendaciones que la CNDH ha emitido desde el año 2007 al 2021 por violaciones graves a derechos humanos cometidas por elementos de la SEDENA y la SEMAR, de las cuales no hay respuesta de dichas instituciones.
Apelando a la memoria histórica de México, el ejército mexicano y la marina han actuado en la vida política del país de manera totalmente condenable, tales son los casos como: en Cananea, Sonora en 1906 y en Río Blanco, Veracruz en 1907, el ejército masacró a obreros mineros y textileros, respectivamente, por órdenes del dictador Porfirio Díaz, actuando sin piedad contra trabajadores que sólo luchaban por la jornada laboral de 8 horas y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo; 1960 en Guerrero, el General Raúl Caballero, gobernador del estado mandó al ejército a reprimir a estudiantes que pedían la destitución del déspota gobernante asesinando a más de 20 estudiantes; en 1968 en la Ciudad de México, Gustavo Díaz Ordaz mandó al ejército a masacrar al movimiento estudiantil en Tlatelolco; en 1971 el ejército disfrazado de “halcones” dio muerte a por lo menos 120 estudiantes por órdenes de Luis Echeverría; también hemos de agregar la incursión de la Policía Federal en Atenco en 2006 en Atenco y Oaxaca, en el 2016 reprimir y asesinar a pobladores de Nochixtlán, Oaxaca. A estos ejemplos se le suman: Aguas Blancas, Guerrero en 1995; Acteal, Chiapas en 1997; San Fernando, Tamaulipas 2010- 2011; Tlatlaya, Estado de México en 2014 y Ayotzinapa, Guerrero también en 2014; solo por mencionar los casos mayormente emblemáticos en los que los efectivos castrenses han estado involucrados. Dicho esto, mucha confianza al ejército, el pueblo mexicano no le debe de tener.
Hemos de referirnos también a los históricos aprendizajes de nuestra Latinoamérica que desde los años 40´s ha sufrido golpes abiertamente militares o constitucionalizados, incentivados por el imperialismo estadounidense y las burguesías nacionales que bajo el argumento de la Doctrina de Seguridad Nacional (Operación Cóndor) de Estados Unidos se impusieron a sangre y fuego. De esta manera llegaron al poder: en Nicaragua, la dictadura militar encabezada por Anastasio Somoza (1937), el golpe militar de Fulgencio Batista en Cuba (1952), la junta militar que impuso por las armas a Augusto Pinochet en Chile (1973), el ascenso del General Manuel Noriega, comandante de la Guardia Nacional en Panamá (1983) y al derrocamiento d
el gobierno constitucional de Argentina por parte del General Jorge Rafael Videla (1976); agregaríamos los casos de Republica Dominicana, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Haití, Uruguay que son casos similares sin menospreciar la gravedad de todos ellos.
Históricamente el Estado de la burguesía ha utilizado a las fuerzas policiales y militares para socavar y reprimir manifestaciones contra las políticas anti populares de los gobiernos en turno, tanto en México como en América latina; así como también es real la utilización de las fuerzas policiales y militares para acceder al poder e imponer los designios del imperialismo y los oligarcas de cada país; y que además como es de conocimiento público los cuerpos policiales y militares de América Latina reciben entrenamiento e ideologización del ejército de los Estados Unidos a través del Comando Sur, organización paralela a la OTAN en América.
Hoy vemos al gobierno actual en México poner como uno de sus principales argumentos para avanzar en la militarización el tema de la seguridad nacional por actuación de la delincuencia organizada o paramilitarismo, nosotros preguntamos ¿Quiénes han incentivado esta condición actual? ¿Quiénes tienen la capacidad económica y política para proteger- financiar a los delincuentes-paramilitares? ¿Quiénes fabrican las armas que asesinan a los jóvenes, mujeres, niños y trabajadores del campo y la ciudad? ¿Quiénes obtienen ganancias de la situación actual? ¿Quiénes están saliendo beneficiados de los megaproyectos que hoy tutelan los militares?
Para el imperialismo y la burguesía, la violencia general y las guerras les hacen obtener mayores ganancias ya sean estas legales o ilegales, hacer todo lo posible que permita explotar al máximo a los trabajadores y le generen dividendos lo van a aprovechar, pues para ellos la ley sigue siendo la máxima ganancia en su pelea eterna por posicionarse en el mercado en plena depresión económica del sistema capitalista.
Por tanto, la guerra en Ucrania es una guerra de rapiña imperialista y nociva para los pueblos de esas latitudes, como la violencia orquestada en territorio mexicano es nociva para nuestros pueblos; y en ambos casos, quienes siempre ganan son los bloques imperialistas, pues son ellos los que se disputan territorios, materias primas, mano de obra barata y posibilidades de inversión de capital en tal o cual territorio.
Nos preguntamos ¿Por qué si Obrador tiene popularidad o lo respalda la mayoría de la población recurre a la militarización? Eso lo hacían los gobiernos -como el de Calderón que no tenían respaldo popular y querían garantizar gobernabilidad- en tiempos de crisis económicas. El gobierno actual tiene clara la tendencia a la crisis y por tanto a la manifestación de la inconformidad social. ¿La “Cuarta Transformación”, en la voz de un caudillo confía más en los militares que en la fuerza de las masas proletarias? ¿Y el pueblo sabio y bueno que usa en sus discursos Obrador?
Podemos afirmar que la socialdemocracia que se representaba en la 4T, ahora es la continuidad del neoliberalismo, que se pertrecha en torno a los intereses de la oligarquía financiera que hoy dicta avanzar en el proceso de militarización, siendo esta una de las expresiones fascistas de la oligarquía financiera y que este régimen que encabeza la 4T con Obrador, le abre camino.
Hoy la 4T “bien intencionada” nos promete que no existe la posibilidad de autoritarismo, pero ¿Quién garantiza que a futuro -cuando las contradicciones de cla
se sean inevitables y los pueblos salgan a luchar- se mantenga la misma percepción de los administradores de Estado y la oligarquía?
Diferentes sectores de la derecha golpista se pronunciaron en contra de la militarización que propone AMLO, cuando apenas hace unos años ellos aplaudieron la salida del ejército de los cuarteles para “combatir” a la delincuencia organizada. ¡Indudablemente, son unos malditos hipócritas!
Los gobiernos del PRI, PAN y PRD son los que en años anteriores vertían los mismos argumentos que hoy enuncian los de MORENA para garantizar la “paz social”, lo que no dicen es que por sobre el debate se aprestaron a negociar canonjías, detener procesos judiciales y acceder a puestos administrativos e impunidad ante la correlación de fuerzas que no les favorece.
En la actualidad el movimiento popular en el país va rompiendo el reflujo, pero las condiciones laborales y los salarios raquíticos para los trabajadores del campo y la ciudad, la falta de trabajo digno, los altos precios de la canasta básica y combustibles, la devastación de los territorios originarios, la falta de apoyo al campo, el asesinato a dirigentes sociales, la imposición de megaproyectos, el avance rapaz de las mineras extranjeras, la falta de seguridad y justicia social, comienzan a ser caldo de cultivo para futuras movilizaciones; ante ello, los comunistas marxista leninistas, los revolucionarios, militantes democráticos, progresistas y todos aquellos que sientan la necesidad de luchar por sus demandas más sentidas deben asistir al llamado de la unidad y organización para enfrentar la siguiente etapa de la lucha de clases en mejores condiciones. ¡La propia realidad demostrará las bondades de la militarización que hoy muchos defienden!
Atentamente
¡Unidad de todo el pueblo por la emancipación proletaria!
¡Proletarios de todos los países, uníos!
Frente Popular Revolucionario
Partido Comunista de México (marxista- leninista)
Ciudad de México, 9 de septiembre de 2022