Conformados en un colectivo de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, adscritos a diferentes centros de trabajo, pero todos inscritos unilateralmente a la nómina 5, del tabulador central, y que depositan para su fondo pensionario y diversas prestaciones de seguridad social a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR). A excepción del servicio médico, se han lanzado en santa cruzada para obligar al gobierno federal a rescatar esos fondos que han sido vulnerados por la política económica seguida hasta ahora.
Responsabilizándolo del quebranto financiero que se sufre y se vive en esa institución de seguridad social, pues dicho quebranto inicio en la administración en la que el actual jefe del ejecutivo, fue jefe de gobierno en la CDMX.
Quebranto que vulnera de manera dramática las prestaciones a los que tienen derecho por cotizar puntualmente las cuotas que se determinan en su reglamento interno, pero lo más grave es que de entre esas prestaciones están las pensiones ya sea por viudez, por edad y tiempo de servicio o por cesantía y jubilación, por lo cual, el principio de pensión justa y digna se encuentra francamente vulnerado y depara un futuro incierto.
Esta situación se presenta porque de manera incorrecta; han metido en el mismo esquema enmarcado en los Artículos del 1 al 3 de la Ley de Austeridad Republicana a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, sin tomar en cuenta que la base fundamental de dinero con el que se garantizan los servicios de CAPTRALIR corresponde a dinero que los propios trabajadores depositan a ese órgano de seguridad social.
Acusan también al nada claro esquema de inversión, de más de 250 millones de pesos con una televisora de Jalisco, inversión que nadie autorizó y que al final sufrió quebranto y deja a la CAPTRALIR sin la posibilidad de recuperar lo invertido.
En resumidas cuentas, la situación en la que se encuentra la CAPTRALIR no es responsabilidad de los trabajadores, quienes de manera puntual cotizan, a pesar de que durante la pandemia se suspendieron todos los servicios, incluyendo el pago de pensiones, y de gastos funerarios.
Este colectivo que se ha denominado “trabajadores de segunda por decisión del gobierno”, como denuncia del actual proceso de discriminación del cual son objeto, por las políticas del gobierno, ha tomado como eje central el carácter de derecho humano a la seguridad social como se establece en varios convenios internacionales y que el actual gobierno soslaya.
Apuntan al rescate financiero de la caja también de acuerdo a los fondos existentes hoy por hoy y que en su reglamentación obligan al gobierno a garantizar los fondos de pensiones. Ya han empezado a salir a las calles y seguro lo seguirán haciendo hasta lograr su objetivo de rescatar financieramente a la CAPTRALIR.
