En este mes, el gobierno federal ha buscado retomar el glifosato en la agricultura, una política más contra las masas campesinas pobres del campo mexicano que desarrollan y promueven la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las centrales campesinas oficiales y todos los partidos políticos para la regulación y aprobación transicional del glifosato, los transgénicos y las patentes de semillas mejoradas. Sistemáticamente en la última década se han legislado y aprobado leyes a favor del uso del glifosato comercializado por Bayer-Monsanto (Round up). Un herbicida que promete aumentar los rendimientos de cultivos resistentes sin aparentes efectos secundarios en la salud, ni actividad resiliente en el ecosistema. Desde la 4T se han acelerado las leyes que permiten promover el uso de organismos genéticamente modificados (no solo plantas transgénicas sino ahora bacterias modificadas para producir sustancias especificas) sopesados en la ambigua pero vigente Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente modificados. Es promovido por Víctor Manuel Villalobos (exdirector del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ahora titular de la SADER) y por el Plan Nacional de Desarrollo de AMLO bajo el término de “seguridad alimentaria”.
En medio de la pandemia, y en el marco de la aprobación del T-MEC, se modifica de manera express la Ley de Variedades Vegetales para respaldar las patentes internacionales, como las de Monsanto y otros, que se tienen sobre las semillas mejoradas de maíz, trigo o soya resistentes al glifosato, para dejarlas desprotegidas. Y no conformes se anuncia la creación de un gabinete de “especialistas” para regular y graduar el uso del glifosato en el campo (que de igual manera que con los transgénicos, no es un mecanismo para prohibir sino para autorizar y difundir desde la SADER el uso de este herbicida).
La otra vía, de la agroecología institucional (representada por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo) nos parece un discurso y práctica paliativas, pues es nula la cantidad de recursos federales para esta área, y utilizándose como una pantalla para disolver las protestas por la constante evidencia de los daños a la tierra, a la flora y fauna, a la salud y a las familias provocados por el glifosato, los transgénicos y las patentes. Exigimos se derogue cada una de estas leyes y se prohíba en lo inmediato el uso, comercialización y desarrollo del glifosato, los organismos genéticamente modificados y las patentes sobre especies vegetales. Convocamos a los pobres del campo a defender los recursos naturales contra los venenos “productivos” que solo benefician a los monopolios de la agroindustria nacional y extranjera, a rechazar las reformas que estan impulsando que aseguran más despojos de tierra a las comunidades para el desarrollo de megaproyectos que solo buscan la máxima ganancia.