En el marco de la crisis ambiental que sufre el planeta, saltan a la vista conflictos infranqueables creados desde la necesidad de extracción capitalista y su coalición con los gobiernos que representan sus intereses. Los esfuerzos internacionales como la Agenda 2030 y sus “Objetivos de Desarrollo Sustentable” quedan en la palabra, la letra que no pasa a la acción, dado que estos organismos enquistan “el capitalismo sustentable”, que es a todas luces, imposible.
La concesión de aguas tiene como antecedente la Ley de Aguas Nacionales (1992), que permitió la sobreexplotación, acaparamiento y contaminación del mercado privado. 
El colectivo Agua Para Todos ha puesto un ultimátum al Congreso para que apruebe en periodo extraordinario la Ley General de Aguas, la cual plantea un acceso equitativo y participativo a este derecho y dota de elementos a la Conagua para controlar la sobre explotación de grandes concesionarias. Esto pensando en los 44 millones de obreros, campesinos y masas populares que no tienen acceso regular al agua y por los que sufren enfermedades por contaminación hídrica. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 8. 4 millones de hogares tienen acceso limitado al agua. Estas familias pueden hacer uso de este derecho humano cada tres, siete días o “de vez en cuando”. Además, más de 400 mil viviendas dependen de una llave de uso público, mientras que 1, millón 606 mil, 301 domicilios se abastecen del agua de camiones cisterna o extrayéndola directamente de pozos, ríos, lagos, arroyos.
Lo anterior, mientras que 3 mil 304 usuarios (consorcios agroindustriales, inmobiliarias, embotelladoras, mineras) acaparan 22.3% de toda el agua concesionada, principalmente en acuíferos sobre explotados, por lo que es innegable que están atados de manos para resolver, aunque sea de forma, dicha situación.
La lucha de clases abarca aspectos ambientales, el extractivismo voraz que promueve el sistema capitalista arrasa con los ecosistemas y recursos naturales dejando a las mayorías en el desahucio. La reivindicación de justicia climática puede darnos elementos para expresar con mayor claridad la responsabilidad de los gobiernos y los capitalistas ante la violación del derecho de los pueblos a ser libres de los impactos adversos del cambio climático y a no sufrir la pérdida de cultura ni biodiversidad.