Un nuevo momento de graves problemas y descrédito vive la institucionalidad
del Estado, algunos órganos, incluso, están entrampados en una crisis y
existen problemas de legitimidad en sus principales personeros, como ocurre en el Consejo de la Judicatura. El desprestigio afecta a todas las instituciones del Estado, ya por la incapacidad demostrada por quienes las dirigen, ya porque están afectadas por actos de corrupción
y, sobre todo, por el carácter de sus actuaciones que las evidencian al servicio de los intereses de los poderosos grupos económicas que tienen el poder.
¿A qué nos referimos en concreto? En la Policía Nacional, por ejemplo, ha penetrado el crimen organizado en sus altos mandos y, quienes han sido calificados como «narco generales», no son los únicos con vínculos con este negocio criminal, pues, en los órganos de justicia hay problemas similares, «no es gratis» que exista jueces que reiteradamente fallan a favor de capos narcotraficantes o de personajes comprometidos con actos de corrupción en instituciones del Estado.
La imagen de la Asamblea Nacional rueda por los suelos y arrastra en su descrédito a todos los partidos que la componen sin excepción, incluyendo a los tránsfugas que juegan con la condición de supuestos «independientes». Los niveles de aceptación que Guillermo Lasso y
sus equipo tiene en la población son bajos, intenta superarlos con propaganda pagada, con la acción de los grandes medios de comunicación y con remoción de funcionarios.
Las pugnas en las altas esferas —producto de las contradicciones interburguesas— se encuentran enconadas, Lasso encabeza
un gobierno políticamente débil y quiere salir de esta condición alcanzando el control de instituciones claves, y eso explica la crisis creada en el Consejo de Participación Ciudadana. El plan prevé que la nueva mayoría del CPCCS designe Contralor, Procurador, vocales del CNE, superintendentes afines al gobierno.
Pero todo tiene su costo, Lasso ahora es visto como un presidente igual a Correa
o Febres Cordero, que atropella todo e irrespeta la tan invocada «independencia» de las funciones del Estado; y no solo
ello, sino que eso ha motivado que en la Asamblea se configure una nueva mayoría antigobiernista que antes no existía.
Los problemas no están únicamente en
las altas esferas; abajo, en los sectores populares el descontento crece porque la cacareada reactivación económica no llega a sus hogares, se queda entre los dueños de las grandes empresas y los bancos que ven incrementar sus ganancias. ¡Que se atiendan las demandas del pueblo!, es
la exigencia del movimiento obrero y popular organizado.
¡Que se exprese el descontento en las calles!, es nuestra tarea.