En los primeros meses del año 2000, en Bolivia se libró una batalla que se conoció como la Guerra del Agua; las políticas capitalista-imperialistas en su camino por apropiarse de todo, habían llegado al extremo de cobrar por usar el agua de lluvia. Este no es un caso excepcional, bajo el capital, todo está sujeto a la venta, la naturaleza y la vida humana misma. Aquella avanzada se paró con la movilización, pero la tendencia se mantiene a nivel mundial, y por supuesto también en México.
En el primer trimestre del 2015, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas, que intentando borrar la idea del agua como derecho y buscan elevar las tarifas; la medida no prosperó, pero la conocida “Ley Korenfeld” (por el apellido del priísta que la impulsó), se mantiene latente. En diciembre de 2016 en Baja California se aprobó una Nueva Ley de Aguas, que privatizaba este derecho incorporando a la iniciativa privada en el tema, y aunque la movilización hizo que el 
gobernador la derogara, se mantienen los decretos privatizadores. En Oaxaca, trabajadores del Sistema de Agua Potable de Juchitán se han movilizado contra la privatización del agua y en defensa de sus derechos laborales; además, en los últimos dos años se redujo el subsidio al servicio en el presupuesto federal. “El municipio de Puebla y parte de su zona metropolitana, el suministro de agua ya fue privatizado desde octubre de 2013 y su distribución opera a través de un modelo de negocios que beneficia a unas cuantas empresas que funcionan con poca transparencia y de manera discrecional.” (http://www.elpopular.mx/2017/11/24/opinion/no-a-la-privatizacion-del-agua-172384). En la Ciudad de México se aprobó la Ley de Sustentabilidad Hídrica que va por el mismo camino privatizador.
Esta es la tendencia que busca privatizar el agua, además, según versiones de prensa, se discute en círculos de la Cámara la nueva avanzada “que permitirá la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite. Los especialistas advierten que el agua potable será más cara y quedará en manos privadas, y más: si las comunidades afectadas por esos abusos protestan, el Ejército intervendrá, amparado por la Ley de Seguridad Interior.” (Proceso 2153).
La privatización la detendremos con la movilización y organización del proletariado y los pueblos de México.
Tomado del Vanguardia proletaria No. 523 del 1 al 15 de marzo de 2018.