En Guerrero la Ley de Seguridad Interior legaliza la impunidad

La recién aprobada Ley de Seguridad Interior no hace más que legalizar la aplicación impune de la fuerza letal del Estado en contra de manifestaciones pacíficas de inconformidad social ante políticas lesivas de gobierno. Verdaderos actos de barbarie en contra del pueblo que forman parte de la historia negra de Guerrero, protagonizada por policías estatales, federales, paramilitares y soldados, bajo el mando de los gobiernos estatal y federal: masacre de copreros el 20 de agosto de 1967 en Acapulco, campesinos que se manifestaban en contra de un impuesto de trece centavos al kilogramo de copra, un grupo de pistoleros confabulados con el gobernador de ese tiempo asesinaron a 38 personas y más de 100 resultaron heridas. Masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995, agentes de un agrupamiento de la policía estatal dispararon en contra de campesinos que demandaba la liberación de un compañero desaparecido, agua potable, escuelas, hospitales y caminos, con un saldo de diecisiete campesinos asesinados y veintiún heridos. Asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por policías estatales y federales el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, solo por que demandaban que el gobernador en turno los recibiera. Desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por la policía municipal de Iguala, sicarios y soldados, el 26 de septiembre del 2014. Asesinato de Antonio Vivar Díaz en 7 de junio del 2015 en Tlapa de Comonfort, durante la lucha social por la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Masacre de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco el 7 de enero de 2018, en donde un operativo de más de 200 elementos de las fuerzas de seguridad, policías estatales, federales y soldados dejó tres policías comunitarios ejecutados extrajudicialmente y 38 detenidos. Son solo algunos ejemplos de aplicación de fuerza letal en Guerrero contra manifestaciones pacíficas de inconformidad social justificada, que la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior legaliza para proteger futuros actos represivos con carta de impunidad fatal.

Tomado del Vanguardia proletaria No. 523 del 1 al 15 de marzo de 2018.

 

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