De acuerdo con lo anunciado por López Obrador, para la Guardia Nacional se pretende reclutar en un periodo de tres a cuatro años alrededor de 50 mil nuevos elementos, principalmente jóvenes, en 2019 serán 21 mil 170 elementos. Dicha acción fue anunciada aún antes de aprobarse en la Cámara de Diputados la disposición para su creación, así mismo desde el 1 de diciembre ya funciona en los hechos en distintos estados.
Pese a que fue realizada la invalidación de la Ley de Seguridad Interior por la Suprema Corte de Justicia, al considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo, pues no consultó a las comunidades indígenas, no diferenció de manera adecuada la seguridad nacional de la seguridad interior y la seguridad pública, y buscó normalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sin considerar los tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación a casos excepcionales.
Por su parte la mayoría legislativa de Morena presentó el proyecto de reforma constitucional respecto a la creación de la Guardia Nacional, usando casi los mismos métodos empleados durante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y con medidas más regresivas, por lo que fue invalidada, pues se permitiría la participación del Ejército en tareas de investigación e intervención en seguridad pública en delitos federales y locales. Estas medidas estuvieron por aprobarse, de no ser por la protesta social y de distintos organismos internacionales de derechos humanos, que la cuestionaron, que orillaron a Morena a buscar maquillar al proceso con una “Audiencia pública para escuchar la voz de distintos actores”, mientras en Acapulco, Guerrero, jóvenes ya hacían fila para solicitar ser parte de la Guardia Nacional.
La “Guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, expresidente de México, arrojó innumerables crímenes de guerra que fueron ocultados, muertes que no se esclarecieron y en todo esto no han sido enjuiciados elementos del Ejército, mucho menos hecho investigación de sus cadenas de mando, por parte del nuevo gobierno, pues todo esto entra dentro de la política de “Amnistía” planteada de palabra por López Obrador y que permite que los sectores más criminales del Ejército y la Marina sigan actuando.
La juventud en los últimos años ha buscado alternativas de trabajo en las fuerzas armadas y policías porque garantiza mejores condiciones económicas sobre todo en las comunidades rurales; la misma situación se ha dado con el narcotráfico. Entre 2008 y 2018 murieron en México por violencia 118 mil niños, adolescentes y jóvenes, según cifras oficiales; alrededor de 30 mil menores de 18 años han sido incorporados a las filas de los cárteles del narcotráfico. Esta alternativa del crimen organizado garantiza aún mejores condiciones económicas que las fuerzas armadas; así mismo estas definiciones para la juventud están acompañadas por la ideología que promueve el sistema, donde a través del crimen organizado, se alcanza el éxito o el “servicio a la nación”, de las corrompidas y decadentes aspiraciones de la sociedad burguesa.
La juventud progresista y revolucionaria debe sumarse al rechazo a la política de seguridad que se pretende implementar, pues bajo las mismas condiciones en que nos encontramos, en el sometimiento a los intereses norteamericanos en el que se ha formado también el Ejército y fomentado la entrada ilegal de armas al país, la juventud seguirá poniendo los muertos. Sin revolución no habrá paz, porque solo esta terminará con las causas de la explotación y descomposición social general que ha impuesto el capitalismo.