Con consultas populares, nuevo gobierno busca justificar e implementar las más privatizadoras propuestas de ley de aguas nacionales

El proceso de privatización del agua se ha acelerado desde el gobierno anterior hasta el actual, así como el despojo, contaminación y destrucción del vital líquido por parte de las empresas transnacionales, en los recientes meses, se ha hecho evidente que el nuevo gobierno federal reestablece sus alianzas empresariales con los viejos caciques que dirigen la Comisión nacional del Agua (CONAGUA).

Han sido amplias las denuncias del nuevo “huachicoleo del agua”, el restablecimiento de la extracción y desvió de los caudales en pro de la agricultura empresarial y los planes de paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la evidente colusión del megaproyecto de la termoeléctrica en Morelos con empresas transnacionales, sin haber resuelto los graves niveles de contaminación al campo y a la salud denunciados en proyectos similares, como en las termoeléctricas del Usumacinta, del Golfo y Peñoles, o las pruebas realizadas por CFE en el río Cuautla que tienen una desregularización, corrupción y daño común trasladada y adoptada por la “4ta Transformación”, esto a la par de las concesiones realizadas en el periodo peñista para la explotación de mantos acuíferos y ojos de agua, así como las diversas discusiones del actual parlamento sobre las “reformas a la Ley del Agua” tanto estatales como federales.

En el último periodo ha salido la continuidad sobre la política priista, y el despojo a los pueblos de dicho recurso bajo el supuesto “Pacto social por el agua” y las diversas “consultas populares” el nuevo gobierno busca justificar e implementar las más privatizadoras propuestas de ley de aguas nacionales para la explotación y usufructo privado, como una mercancía más, disfrazándolas a la vieja usanza neoliberal de satisfacer a toda costa el “derecho humano al agua”, siendo natural que el mercado sea el nuevo “Estado Benefactor”.

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