El 22 de enero de este 2020 integrantes de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Chilapa Guerrero , marcharon en repudio al asesinato de 10 músicos por parte del crimen organizado y exigir el cese a los asesinatos, levantones e intimidación a los pueblos guerrerenses, en ese marco presentaron a 19 menores como integrantes de la policía comunitaria armados y en filas para hacer frente a los paramilitares o delincuencia en Guerrero ante la falta de seguridad, contubernio del gobierno y complacencia de la burguesía.
Una gran parte de los niños y adolecentes quedaron huerfanos por la acción de los paramilitares y en esa condición de mayor vulnerabilidad fueron incorporados a la CRAC-PF. La delincuencia se ha vuelto brazo ejecutor del Estado y de la oligarquía financiera, no solo han dejado huerfanos a los niños, también han asesinado a muchos de estos y los han incorporado a su degradadantes filas.
Según el INEGI, en México contamos con 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes hasta los 17 años lo que representa el 32.8% de la población total, el Artículo 4º de la Constitución Política de México cita el derecho de los niños y las niñas a la vida y libre desarrollo, derechos que el Estado mexicano no cumple.
Ese porcentaje poblacional de México del 32.8% en este momento debería estar en una etapa de formación académica básica y además desarrollando la vinculación con la sociedad de manera integral, determinada en los pueblos por sus usos y costumbres, así como la libertad de autodeterminarse; y sin embargo los gobiernos de México y predominantemente del estado de Guerrero no han tenido la capacidad ni la voluntad para garantizarlos.
Para la educación de los niños, las niñas y los adolescentes de acuerdo a la UNESCO debería ser por lo menos del 12% del PIB y en México se destina únicamente el 3.1% del PIB (2020); observando que de cada 100 niños que ingresan al preescolar, 57 de ellos dejan la escuela antes de concluir la preparatoria, es decir, que solo 43 niños y adolescentes de cada generación logran terminar la educación media superior. El motivo principal son las malas condiciones de vida y trabajo, en su mayoría tienen que trabajar y abandonan la escuela por falta de recursos.
De acuerdo a las cifras presentadas por el actual Secretario de Seguridad Alfonso Durazo, se estimó en el año 2018, 460 mil niños y niñas mexicanos habían sido reclutados por el narco en México, principalmentede las zonas más pobres del país lo que confirma la responsabilidad de Estado mexicano, de no solo detener ese reclutamiento sino de ser parte de este, ejemplo de ello es el caso de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, en el Gobierno de Felipe Calderón, que era parte de la delincuencia.
Todo lo anterior sucede por el modo de producción capitalista en su fase superior, el imperialismo, que se encuentra en decadencia y descomposición, que ni con gobiernos “progresistas” como el encabezado por AMLO y sus programas asistencialistas podrán resolver la situación general del país y la violencia en particular, esta se resolverá solo con organización comunitaria, con asamblea y milicia popular, con un nuevo sistema de justicia como el de las policías comunitarias, basada en el interés colectivo. La única forma para evitar que los niños y las niñas de las zonas controladas por el narco no sean reclutados por la delincuencia organizada es prepararlos para defender su educación, sus familias y su pueblo, como es el caso de los 19 niños comunitarios y su pueblo.