El Gobierno Federal dispuso, mediante la titular de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como parte de las medidas impositivas para enfrentar la Pandemia de Covid-19, extender los periodos de representatividad a los sindicatos que en este periodo deberían de cambiar de representantes, esta medida contraviene los estatutos de las organizaciones sindicales y la propia ley que estipula, con mucha claridad, los periodos de tiempo de las representaciones sindicales.
Amén de representar un ardid para impedir el derecho a elegir a nuevos representantes, es una medida antidemocrática que fortalece al charrismo, ayudando a los dirigentes charros a mantenerse en el poder, engullendo las cuotas sindicales que legalmente ya no debería de corresponderles.
Un ejemplo de que si es posible llevar a cabo elecciones en tiempos de la pandemia ha sido la jornada electoral vivida por el SME, solo se trata de extremar las medidas sanitarias o buscar métodos de elección que den certeza a estos procesos.
Sin embargo, la Secretaria del Trabajo prefirió pactar con el charrismo extendiéndoles ilegalmente su estancia en el poder, mientras los trabajadores continuaremos padeciendo a los falsos representantes, que nos impiden mejoras salariales y laborales.
En otro caso, en sentido inverso al del SME, el que se vive en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMEX), que desde las esferas del poder, en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, se decidió deshacerse de la representación formal del sindicato, calificando el proceso de renovación del CEG, como ilegal para darle paso a una figura representativa, conocido como Directorio General Sindical, figura inédita que tendría acotadas su funciones solo para preparar un nuevo proceso de elección, sin embargo, se le han otorgado poderes al grado de negociar unilateralmente el incremento salarial y de las prestaciones, obviamente en interés de la patronal y en perjuicio de los trabajadores.
Negociación realizada a espaldas de los trabajadores, además de reformar el reglamento de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya (CAPTRALIR), modificación que tuvo que ser postergada por la inconformidad generada entre los trabajadores de nómina 5, pero que el susodicho directorio ya acordó que se aplique a partir del mes de marzo.
El pacto de la señora Alcalde con el charrismo sindical representa un atraso en la búsqueda de democratizar a los sindicatos, incluso representa un vuelco de 180° en el camino para transparentar los recursos de los sindicatos, así el charrismo vive feliz.