El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció una iniciativa de reforma con la cual, afirmó, va a “desaparecer” el outsourcing; sin embargo después echó atrás su planteamiento para decir que únicamente será regulado, y peor aún, ante los reclamos de algunos empresarios, Ricardo Monreal ofreció diálogo para echar atrás lo poquito que simulaba avanzar la propuesta presidencial.
Así pues, una vez más el gobierno dice una cosa y posteriormente hace otra, porque sus intereses no son los de los trabajadores, las clases populares, ni los de los pobres (a los cuales se decidió inundar en Tabasco, para salvar a la Ciudad de Villahermosa). Por otro lado, parece que ante la situación catastrófica que vive el país, una vez más el presidente necesita utilizar distractores mediáticos que desvíen la atención hacia otras cuestiones, como las demandas judiciales a los expresidentes, entre otras, para intentar que la población deje de lado la atención en lo profundo de la crisis económica, sanitaria, social y todas sus repercusiones.
Finalmente, la iniciativa de regular el outsourcing se puede resumir básicamente en los siguientes puntos:1. Regular el outsourcing para que deje de evadir o eludir impuestos, pues ante la crisis del capitalismo, profundizada por el Covid-19, el gobierno necesita la mayor cantidad de recursos económicos para reactivar la economía y rescatar a los grandes empresarios; y aunque la lucha contra la evasión y elusión fiscal, la política neoliberal de austeridad, el despido o precarización de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores al servicio del Estado, la desaparición de los fideicomisos, la emisión de bonos gubernamentales (aumento de deuda) han aumentado los ingresos del gobierno, éstos son insuficientes, y por tal razón la 4T necesita regular al outsourcing, para que pague cabalmente sus impuestos y aumenten los ingresos gubernamentales. 2. El outsourcing cambiará de nombre, es decir que se simulará que desaparece, pero seguirá existiendo bajo otro nombre: agencia de colocación, capacitación, reclutamiento, selección, entrenamiento, “Jóvenes Construyendo el futuro”, etc. 3. No se habla de estabilidad laboral, es decir que independientemente del nombre o razón social donde se registre la actividad laboral de las personas, éstas seguirán laborando con precariedad, bajo periodos de prueba, con contratos temporales, con bajos salarios, sin basificación, con rotación de horarios, con extenuantes jornadas laborales, etc. Es decir la flexibilidad y polivalencia laboral en su máxima expresión agravadas con el trabajo a distancia y en casa.
Cabe señalar que si AMLO y la 4T tuvieran un legítimo interés en combatir al outsourcing y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, ya lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo con el personal que labora dentro del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, pues ambos son de los mayores violadores y precarizadores de los derechos laborales, a la par de utilizar descaradamente la terciarización, es decir: en la teoría la 4T combate al outsourcing, pero en la práctica lo utiliza para contratar trabajadores, por ejemplo los servicios de limpia del Metro y otras instancias que dependen del gobierno de la CDMX y a nivel federal.