“La lucha económica de los explotados solo puede tener un desenlace exitoso si es fuertemente enriquecida con su vinculación estratégica a la lucha política” (UGTM, Tercer Congreso Ordinario)
La estabilidad laboral es un derecho irrenunciable para los trabajadores. Como antítesis la política laboral del Gobierno de la Ciudad de México en su afán de extender el lapso para reconocer el tiempo laborado por los trabajadores de campo y administrativos, en los cientos de centros de trabajo, solo responde a su lógica pragmática utilitarista, de fortalecer su estructura y cadena de mando político electoral. Una alarma que se ha negado atender es la existencia de los más de trece tipos de contrataciones ilegales y violatorias de la Ley Federal del Trabajo, en su Apartado B. Efecto devastador para los trabajadores y sus familias, que se percibe en el contraste de los salarios entre la alta y media burocracia y los raquíticos micro salarios para los trabajadores. En una estructura de unidad administrativa podemos ejemplificar someramente la truculenta maniobra. La estructura administrativa la conforman un coordinador general con un salario de 90 mil pesos, un líder coordinador de proyecto gana alrededor de 45 mil pesos, mientras un trabajador de nómina ocho puede ganar entre 2,500 y 4 mil pesos. Aunque hay otros de nómina cinco o uno, con nivel 8, que ganan 1,500.00, sin importar que tengan entre 8 y 15 años de antigüedad en el puesto. Así, cada administración que llega como nueva, o en el actual caso de los equipos que perdieron las alcaldías, llegan al relevo. Pero llevan sus equipos de trabajo, de una manera discrecional. Por lo que los despidos injustificados, recaen contra los trabajadores de nómina 8 y los llamados servidores de la ciudad. Estos últimos, son contratados sin calidad de trabajadores, bajo la figura de “beneficiario” de un programa social, duplicando funciones y robo de la materia de trabajo de promotores vecinales, basificados y sindicalizados. 
La política laboral del actual gobierno de la ciudad, fue en su momento un acuerdo entre Sindicato Único y la administración del ex Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, para dejar una base de trabajadores que le fueran leales, a cambio, los dirigentes del sindicato único, negociaron el ser reelegidos en sus secciones.