La prevalencia de las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, referidas en la entrega anterior, pone de manifiesto en forma evidente el carácter de clase del Estado mexicano que ha permitido hasta el presente la violación sistemática a los preceptos más elementales de la legislación laboral.
En las décadas pasadas la lucha y resistencia de los trabajadores agrícolas se expresó a través de movimientos locales que asumieron diversas formas.
En el Valle de San Quintín en Baja California, la organización comenzó a desarrollarse en la década de los 80. El 16 de septiembre de 1984 estalló un paro de trabajadores agrícolas por aumento salarial y mejores prestaciones laborales.
En 1988, cinco mil obreros pararon los campos del Rancho “El papalote” en demanda de aumento salarial y acceso al Seguro Social. Posteriormente, en la década de los noventa surgieron diversas organizaciones que lucharon no sólo por modificar las condiciones laborales, sino por la toma de tierras para establecer colonias donde habitar y por la demanda de servicios básicos. Las formas de luchan incluyeron el incendio de bodegas e instalaciones de los campos agrícolas. Así ocurrió el 8 de diciembre en 1999, cuando cerca de 300 jornaleros tomaron las instalaciones del Rancho “ABC” en el Valle de San Quintín por incumplimiento de los dueños en el pago de los salarios a cerca de 900 trabajadores durante cuatro semanas. Ante la falta de respuesta los obreros prendieron fuego a los invernaderos; el incendio se extendió consumiendo bodegas y oficinas administrativas. Tres trabajadores fueron detenidos; no obstante, las autoridades estatales se vieron obligadas a embargar precautoriamente el rancho para garantizar el pago de salarios. Era la tercera vez que en ese año se tomaban instalaciones en esa región ante la retención salarial; otra de ellas fue el 8 de agosto en que más de 400 trabajadores bloquearon los accesos del Rancho “San Miguel” por ese mismo motivo. Antes, en julio de 1996 fueron saqueados 25 comercios para obtener víveres, se incendió un camión y se destruyeron seis patrullas debido a la retención de salarios a cerca de 1,600 trabajadores por tres semanas; 67 de ellos fueron detenidos. No obstante, se pagaron los sueldos adeudados y las autoridades se vieron obligadas a multar a los empresarios.
Ante la creciente movilización en el Valle de San Quintín se incrementó la presencia militar en la región y la formación de guardias blancas. En 1999 fue asesinado a balazos al salir de su domicilio Antonio Hernández, dirigente en la lucha por los derechos laborales de los jornaleros del Valle de San Quintín. Era el tercer líder triqui asesinado y uno de los 10 dirigentes aniquilados en la región en la última década del siglo XX.