En 2007, durante el sexenio de Felipe Calderón, surge el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) con la apertura de más de 6 mil escuelas bajo esta modalidad. Dicho programa, inició con una fuerte propaganda política del gobierno federal declarando que estas escuelas recibirían recursos, no sólo para cubrir sus necesidades materiales, sino también para la alimentación, lo que significaba un apoyo a las familias y los estudiantes.
Nada más lejano a la realidad pues las escuelas se convirtieron en una especie de guardería para que madres y padres trabajadores de la educación aumentaran la productividad en beneficio de los patrones. Por otra parte, dada la normatividad del programa, los padres de familia se vieron obligados a pagar cuotas escolares con el pretexto de dar mantenimiento a las escuelas, mientras, la venta de alimentos se concesionó a empresas particulares, dando pie a la entrada de la iniciativa privada en este ámbito del sistema escolar.
De esta forma las empresas alimenticias entraron a las escuelas públicas ofertando el servicio de comedor a un costo semanal pagado por las familias de los alumnos. Supuestamente, dichas empresas contribuirían con la cooperativa escolar aportando parte de sus ganancias, sin embargo, dicha aportación fue simbólica, quedándose con la mayor parte de las ganancias generadas por la venta de alimentos.
Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, y pese a la imposición de la Reforma Educativa, las escuelas bajo este programa pasaron a más de 25 mil, con una matrícula aproximada de 3.6 millones de estudiantes. A pesar del discurso gubernamental para dar continuidad al programa, tampoco se le inyectó financiamiento para el mantenimiento de escuelas ni para la alimentación de los estudiantes.
Con la nueva mal llamada reforma educativa de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), el programa ETC fue objeto de propaganda política para justificar la descalificación hacia los gobiernos anteriores. Con el argumento de que los recursos del programa tuvieron mal uso por parte de los responsables, el gobierno declaró su desaparición y que su
financiamiento sería reasignado al programa La Escuela es Nuestra (LEEN). La controversia generada desde los medios de comunicación por la declaratoria de desaparición de las ETC, ha obligado
a que sigan funcionando, aunque bajo otro esquema.
Las ETC, han sido objeto de clientelismo político y corrupción, incluso con docentes que buscan a través del sindicato charro o por la USICAM que sus tiempos sean ajustados o su doble plaza sea ubicada en una sola escuela. En contraste con la precarización que se impone a quienes sólo cuentan con una plaza, a quienes sólo se les otorga una compensación de 3 mil pesos mensuales, dependiendo de los días trabajados, sin pago de vacaciones, ni la asignación de bonos, precarización que se agudizó durante la pandemia dejando que las actividades las desarrollaran sólo los maestros con doble plaza.
Más que fortalecer el proceso educativo, las ETC han dado pie a la corrupción, al desvío de recursos, a la privatización de los servicios educativos y la sobre explotación de los docentes que no cuentan con doble plaza. Por tanto, se hace necesario que los involucrados se organicen y exijan mejoramiento de sus condiciones de trabajo y mayor presupuesto para las escuelas.
Más allá del clientelismo político sindical y la sobre explotación laboral, se debe reflexionar sobre la real necesidad y el impacto de las ETC. Las necesidades educativas de las comunidades y los requerimientos de los padres de familia exigen un verdadero programa de apoyo que inicie con la organización de los comedores escolares, la construcción de unidades de atención médica, espacios deportivos y culturales; en general, escuelas que no sólo resguarden a los alumnos, sino que también refuercen y fortalezcan la asimilación de los contenidos educativos y la formación de los estudiantes. La lucha contra la corrupción y por mejores servicios escolares está íntimamente ligada a la lucha por la democratización del sindicato, la educación y la vida nacional, principios fundamentales de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).