Esta emergencia debió definirse desde que se detectó un derrame incontrolable de un líquido inflamable, eso debía alertar a los servicios de emergencia y protección civil desde los primeros minutos después de las 14:30 horas, tiempo en que la toma dejó de ser clandestina para convertirse en una amenaza pública. De manera preventiva debieron movilizarse todos los equipos de protección civil desde que había 80 personas: a las 18:52 horas había cerca de 800 personas. Así lo establece todos los protocolos de protección civil. Este evento demostró la falta de pericia y/o complicidad de gobiernos viejos y nuevos para atender los desastres. En el año 2010, en San Martin Texmelucan, Puebla hubo un accidente similar con 27 muertos.
En esta ocasión, parece una acción orquestada entre quienes no cerraron la válvula hasta las 18:20 horas, quienes azuzaron a los habitantes locales para que se aglomeraran en el sitio y que junto con la negligencia para activar los servicios de protección civil, resultó en una gran tragedia. El plan DN-III no se activó sino hasta después de que el ducto explotara. 
Las acciones para desalentar que personas siguieran acudiendo a tomar gasolina fueron ineficientes; la asistencia de paramédicos y ambulancias llegaron al lugar 90 minutos después de la explosión. No había equipo de protección, no se delimitó la zona, la gente siguió acudiendo. Nadie brindó atención prehospitalaria. Quedó demostrado que fueron rebasados los tres niveles de gobierno, la consecuencia de ello fue que los pacientes quemados llegaron entre 4 y 6 horas a los centros hospitalarios para ser atendidos, lo que empeoró de manera determinante su pronóstico para sobrevivir. Hasta hoy se suman 115 víctimas mortales y le seguirán otras muertes, además de las secuelas que tendrán las víctimas que logren sobrevivir.
Como en otros tipos de tragedias los muertos siempre son del pueblo, no de los políticos de la burguesía, ni de los traficantes, de los delincuentes de cuello blanco, de dirigentes de los partidos políticos con registro, ni de los funcionarios. La falta de protección civil cobra víctimas en las zonas más pobres cuando hay inundaciones, ciclones y sismos. ¿Cuánto tiempo más seguirá pasando?