Una gran parte de la inconformidad hacia el régimen peñista fue la aprobación e implementación de las reformas estructurales las cuales fueron la columna vertebral de su gobierno, con la finalidad de oxigenar y empujar al sistema capitalista y a su modelo neoliberal. Dentro de las reformas constitucionales más importantes destacan la reforma energética y la reforma educativa que fueron las que presentaron mayor oposición por su abierta confrontación con los intereses de los trabajadores.
El gobierno actual, desde el proceso de campaña electoral puso su atención en la construcción de una legislación que combata la corrupción y, por otra parte, la construcción de una reforma de austeridad. También en campaña, Andrés Manuel López Obrador declaró, abiertamente, que la reforma educativa caería y que no quedaría “una sola coma” de la “mal llamada reforma educativa” de Enrique Peña Nieto. Respecto a la reforma energética impuesta por Peña Nieto no existió ni una sola mención de echarla abajo, a pesar de que durante varios años fue crítico de la apertura al capital privado en la industria eléctrica y petrolera, incluso demandó penalmente a Peña Nieto por traición a la patria.
En lo que concierne a la reforma educativa, en el actual gobierno, ha sido aprobada una “nueva” que guarda demasiadas semejanzas con la aprobada durante el gobierno Peña Nieto. Si bien es cierto que se ha eliminado la punitividad en la evaluación al magisterio, la reforma de la “Cuarta Transformación” mantiene elementos esenciales, aplaudidos y vitoreados por los dueños del poder, como el régimen de excepción laboral en contra del magisterio. Este hecho, acompañado de que la reforma haya sido aprobada por la mayoría de quienes construyeron la reforma peñista, denota que no existe un cambio de fondo en materia educativa.
En lo que tiene que ver en materia energética, López Obrador se ha limitado a promocionar la construcción de la refinería de Dos Bocas, proyecto estratégico de la presente administración. También ha comentado que los contratos que se firmaron durante sexenios anteriores, se van a revisar y respetar en dado caso de “cumplan” con los requerimientos legales y no sean contratos que afecten económicamente a PEMEX. Sin embargo, no se ha hecho ninguna mención para sacar la participación privada, nacional y extranjera de la empresa petrolera mexicana, situación que viola de manera evidente la esencia histórica de la expropiación petrolera impulsada por el general Lázaro Cárdenas en 1938. Caso similar es el que se vive en la industria eléctrica, en donde la principal acción que propone el gobierno, es la entrega de la fibra óptica de la empresa paraestatal a empresas privadas para la administración del internet, por un mínimo de 20 años.
Siendo la reforma energética uno de los puntales del proyecto neoliberal, no se comprende cómo es que después de que el señor presidente ha declarado el final del neoliberalismo, no se haya siquiera mencionado en el paquete de reformas constitucionales de la nueva administración.
En resumidas cuentas, el régimen obradorista o la 4ª T declara el fin del neoliberalismo en México, pero mantiene el andamiaje económico y jurídico que le da sustento, por tanto, el tan cacaraqueado fin del neoliberalismo y la llegada del postneoliberalismo lo único que significa es continuidad, mayores riquezas para otros sectores de la burguesía y mayor explotación y miseria para los trabajadores del campo y la ciudad.