El tema de las personas desaparecidas es un asunto que lejos de haber sido atendido por este gobierno, se ha recrudecido, tanto con el incremento en las cifras de las personas que ahora son buscadas por familiares como en los pobres resultados de sus investigaciones. Pero sumado a esta omisión de Estado, hay que agregar también la revictimización de que son objeto quienes buscan a su familiar y por si esto fuera poco, los malos manejos de los recursos destinados a las Comisiones de Búsqueda.
El pasado 3 de febrero Colectivos de Búsqueda de todo el estado de Baja California se posicionaron públicamente de manera simultánea en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada para inconformarse por la designación de un “Coordinación General”, nombramiento inexistente en la Ley, que además dependerá directamente del gobierno estatal y sin vinculación con la Comisión Local de Búsqueda de Baja California. Esta irregularidad golpea directamente a los familiares de personas desaparecidas porque corta los vínculos y el trabajo que ellos mismos realizan ante el tortuguismo y negligencia de la autoridad.
Por esos mismos días se dio a conocer en la prensa, información donde se denuncian malos manejos de recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas. En el reportaje (zetatijuana.com/2023/01/sobreprecios-y-malos-manejos-en-la-comision-de-busqueda/) se menciona la compra de programas informáticos sin ser utilizados, compra de vehículos a sobreprecio y otras irregularidades, destacando que el equipo que se compra no se utiliza por la Comisión de Búsqueda que lo solicita.
Los malos manejos fueron incluso observados por la Auditoría Superior de la Federación, mencionando que entre otras cosas se compra equipo que no se puede utilizar en la región por falta de cobertura de la empresa, además de múltiples vehículos y aditamentos comprados a sobreprecio. También destaca que dueños de las empresas que vendieron estos productos tienen relación laboral con el mismo gobierno del estado que compra los productos, trabajando en el área de licitaciones.
Así, con el actual gobierno de la 4T, no solo hacen lo mismo que los anteriores, sino que son los mismos negociantes que los anteriores. Mientras, la lucha por encontrar a las personas desaparecidas sigue recayendo en los mismos familiares que trabajan a contracorriente, no solo ante el peligro del crimen organizado, sino con la negligencia cómplice de las mismas autoridades.