Los megaproyectos no son nuevos, son un mecanismo para la extracción del plusvalor de los países capitalistas más atrasados. A través del movimiento del capital internacional impulsan la corrupción y los intereses de la oligarquía financiera.
La lucha popular contra el proyecto hidroeléctrico de San Juan Tetelcingo en 1990 fue el primer movimiento social registrado en contra de un megaproyecto en México, en su etapa neoliberal. Del 2007 al 2018, se realizaron 851 obras, donde se destinaron 891 millones de pesos a 100 empresas privadas sumamente corruptas. La mayoría de ellas, ni existían en el padrón de proveedores, siendo creadas de manera exprés solo para este fin. La consulta ciudadana es un mecanismo de falsa participación popular. Ejemplo fue la realizada en el 2019 con respecto a la termoeléctrica de Huexca. Donde no fueron consultados directamente los pobladores de los 26 municipios afectados por la contaminación directa de los mantos acuíferos del río de Cuautla.
La consulta siendo violatoria de derechos humanos, se repitió para el Tren Maya y el Corredor Interoceánico permitiendo al gobierno eximir las aparentes responsabilidades del estudio de impacto ambiental, de salud y social. En plena pandemia, el Proyecto Integral Morelos siguió su desarrollo otorgando en manos de la transnacional española Abengoa una concesión de 30 años para operar las dos termoeléctricas, con pleno suplicio de AMLO.
A raíz del evidente rechazo popular, el 22 de noviembre de 2021 AMLO elaboró un acuerdo presidencial para blindar los proyectos y obras federales. Esto da el precedente para cualquier proyecto sin justificar los daños y la transparencia de todos los proyectos. Sumado a ello, se complementa la entrega de obras para su ejecución directamente al ejército mexicano, particularmente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya. Para este, se estima que el costo final ascienda a 200 mil millones de pesos. Lo que es aproximadamente 4 veces más el presupuesto asignado para el campo en el 2022. Y de dicho recurso, se estima que 30% ha sido asignado a las empresas de Grupo Carso en el año pasado. Esto sin mencionar las jugosas concesiones que se echarán en marcha una vez finalizado el tren turístico. Igualmente empresas de dudoso prestigio priista y de capital extranjero, como el Grupo Industrial Hermes, Grupo Azvi, Copasa y Comsa Corporation lideran el Corredor Interoceánico de 46,600 millones de pesos al 2021.
