Con una estructura sindical reconocida formalmente con 40 secciones sindicales, pero con trabajadores agremiados a 41, producto de un fraudulento proceso de sindicalización de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, cotizan a una inexistente Sección 41 y sin embargo no reciben las prerrogativas establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia mantiene relación con tres sindicatos, estos tienen que convivir con agremiados a la Sección 41 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) y en algunos casos trabajadores de esta sección también están en el registro de agremiados de alguno de los tres sindicatos existentes. Con su respectiva toma de nota, este es uno de los vicios que acarrea la táctica de creación de sindicatos alternos en las dependencias de gobierno.
Respecto de las cotizaciones de los agremiados a la inexistente Sección 41, sin tener la certeza podemos deducir que se destinan directamente a la presidencia del SUTGCDMX; esta anómala situación es producto de un cochupo fraguado en la administración pasada pero que a tres años de esta nueva administración no hay intención de resolver toda vez que así como actualmente se encuentra representa un ahorro importante para el gobierno de la ciudad, ya que por cada trabajador que no recibe las prestaciones estipuladas en las Condiciones Generales de Trabajo, en promedio se ahorran unos 70 mil pesos al año.
La pregunta es: ¿Claudia Sheinbaum sabe este ilícito?, claro que lo sabe, sin embargo, quien se representa como la adalid de la “ciudad de innovación y de derechos”, prefiere tener este islote ilegal que pagar las prestaciones de los trabajadores; recordemos que en la misma situación están los más de 11 mil trabajadores de los niveles salariales 4.69 y 11.90, así como los cerca de 5 mil trabajadores de base sin dígito sindical.
Ahora bien, de los 40 secretarios seccionales del sindicato dormido, lejos de tener una representación digna se han valido del puesto para enriquecerse, pero además todos ellos están sostenidos por más de 9 años continuos de manera no solo ilegítima sino ilegal, pues por lo menos 37 de ellos no cuentan con toma de nota que los ampare para estar usufructuando el puesto hoy en día.
Se mantiene también por verbigracia de la jefa de gobierno quien acordó con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sostenerlos en sus puestos so pretexto de la pandemia. Así están las cosas.